TODAS las fichas están puestas en el próximo proceso electoral. Ello es, como un horizonte de esperanza que no vamos al despeñadero. Que no vamos a caer en una peor crisis –a las padecidas en otras ocasiones– de insospechadas consecuencias. De salir de la incertidumbre política que se padece, convencidos de la necesidad de continuar transitando por la vía democrática de vida y de gobierno. Crear esa confianza, que el proceso electoral es la salida a cualquier encrucijada y que las elecciones serán limpias y transparentes, es uno de los grandes retos. No solo de la clase política sino de la colectividad. Algo se ha avanzado en restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales. Las reformas constitucionales que crearon nuevos entes electorales fue un primer paso. La integración de las mismas con figuras respetadas y capaces, que gozan del respaldo de los partidos mayoritarios, fue otro paso hacia adelante. Ahora el Congreso Nacional trabaja en la socialización de la nueva Ley Electoral. Más que cualquier cosa novedosa que pueda agregarse a lo que ha funcionado en procesos electorales anteriores, lo fundamental es que las normas consensuadas cuentan con la mayor aceptación.
Se han generado en el auditorio ciertas expectativas. Una de ellas sobre la necesidad de una nueva tarjeta de identidad. Se conoce que el Registro Nacional de las Personas estaría por adjudicar la fabricación de la nueva tarjeta de identidad por un monto base de 13 millones de dólares (L322.9 millones). Informan que “la elaboración de la tarjeta, costará unos dos dólares por unidad y se entregará a más de 6.6 millones de hondureños”. La promocionan como “una tarjeta muy moderna, elaborada con policarbonato, el mejor material que hay en cuanto a resistencia y durabilidad”. Sin embargo, no basta conocer las características materiales del documento ya que el factor que más interesa a la ciudadanía es el funcionamiento operativo de la identificación. Ello es, la facilidad para que el ciudadano pueda obtener su identidad. Que no deba incurrir en costos adicionales para tenerla. Que las oficinas donde se emitan no vayan a quedarse, como sucedió en el proceso anterior, meses enteros sin el material necesario impidiendo su emisión. Garantizan los comisionados del RNP que para marzo del 2021 “todo mundo contará con su nueva identidad para que puedan usarla y participar en las elecciones internas de cada partido”. ¿Están seguros de ello? Vea no salgan con atrasos y pretextos. Nada causaría más inconformidad entre el amable público que, llegada la fecha tope para entregar identidades, unos la tengan y otros no. La depuración del censo es quizás de mayor importancia para la credibilidad del proceso electoral que la dotación de una nueva tarjeta de identidad.
Hace falta que a la gente la mantengan permanentemente informada de cómo caminan las cosas. Los funcionarios del RNP aseguran que “ya inició la socialización del proyecto “Identifícate”, encaminado a depurar el Censo Nacional Electoral”. “La ‘socialización –explican– consiste en visitar cada uno de los municipios’ para que se empoderen sobre proyecto y pretenden que todos los sectores se conviertan en veedores y en aliados estratégicos del programa”. Aquí pocas cosas han funcionado a tiempo. Todo se deja para última hora. Todavía no terminan de escoger los denominados “enroladores”, por criterios tontos que a alguien se le ocurrió sobre las sofisticadas calificaciones técnicas y profesionales que deben reunir. Cuando eso es de cerciorarse que los partidos tengan sus representantes, supervisores y observadores, para que se vigilen unos con otros, a manera de garantizar un registro transparente. El proceso de depuración del censo tiene que ir de la mano –en forma paralela– con la entrega de las tarjetas de identidad. Trabajan contrarreloj. En la medida que pasan las horas y los días y el proceso no arranca del todo, corren el riesgo que el tiempo se les agote.
