El informe de seguimiento fue presentado ayer por Soledad Pazo, alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presidida por Soledad Pazo, presentó ayer, el informe denominado “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, en el cual deplora la impunidad en las muertes suscitadas en el periodo post electoral.
En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras presentó un primer informe con conclusiones de su observación en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto post-electoral luego de las elecciones presidenciales en noviembre de 2017.
Así mismo, presentó recomendaciones al Estado de Honduras encaminadas a prevenir nuevos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos. El análisis realizado en ese momento por OACNUDH indicó que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos, señala el informe.
“Sobre la base de su observación, la OACNUDH concluyó que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que resultó en muertes, así como en lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes. Así mismo, se produjeron arrestos masivos, así como malos tratos durante el arresto y la detención y una desaparición forzada”, recuerda el informe.
REPARACIÓN A LAS VICTIMAS
El presente informe OACNUDH “proporciona una visión general de los pasos adoptados, desde ese entonces, por el Estado de Honduras para otorgar reparación y remedio a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, incluso mediante la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de manera efectiva, rápida y exhaustiva; proporcionando recursos efectivos a las víctimas; así como para prevenir otras violaciones, mediante la adopción de medidas legislativas y administrativas apropiadas.
Para la construcción del informe, el Alto Comisionado en Honduras, expresa que utilizaron “criterios objetivos, exhaustivos, rigurosos e imparciales para el trabajo de documentación que incluyen la consulta con fuentes oficiales, víctimas, organizaciones de sociedad civil y fuentes independientes”.
“Al preparar el presente informe, OACNUDH mantuvo un diálogo frecuente con altos representantes del Ministerio Público, el Poder judicial y el Poder Ejecutivo, en particular con la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaria de Defensa y la Secretaria de Seguridad. Se llevaron a cabo misiones a los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, La Paz, Choluteca, Colón y Francisco Morazán, en donde se sostuvieron reuniones con jueces y fiscales, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público ATIC”, afirman.
Hay 46 acusados en espera de juicio
En torno al “enjuiciamiento de personas acusadas de delitos cometidos durante las protestas
Procesamiento y enjuiciamiento de personas acusadas de delitos cometidos durante las protestas: OACNUDH observó que no hay personas acusadas que continúen en prisión preventiva”.
“A fines de octubre de 2019, 76 acusados en espera de juicio, habían recibido medidas sustitutivas no privativas de libertad. Sin embargo, la OACNUDH, a partir de su observación, manifiesta nuevamente su preocupación sobre el uso de la jurisdicción nacional para el tratamiento de ciertos casos cometidos durante las protestas, sin justificación. Esta jurisdicción es competente para tratar crímenes de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados. Aparte, la celebración de las audiencias por la jurisdicción nacional limitó la publicidad de las audiencias y el acceso del público, incluidos los observadores nacionales e internacionales”, denuncian.
OACNUDH considera que “sigue siendo una preocupación particular el juicio de Edwin Róbelo Espinal y de Raúl Álvarez a cargo de la jurisdicción nacional, competente para tratar crímenes de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados”.
“En marzo de 2018, la OACNUDH alertó que los cargos presentados contra los dos acusados no se encuentran dentro de la competencia de esa jurisdicción, y que la falta de claridad sobre los motivos sustantivos de la asignación del caso pone en duda las garantías del debido proceso y juicio justo”, señalan.
Precisan que “la celebración de las audiencias por la jurisdicción nacional, ubicado dentro de las instalaciones del Fuerte General Cabañas de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, limitó la publicidad de las audiencias y el acceso del público, incluidos los observadores nacionales e internacionales, debido a la necesidad de obtener una autorización específica para acceder a las instalaciones y a la sala de audiencia”.
Detalla que “la prisión preventiva de los citados imputados, durante más de 18 meses, en el centro penitenciario de máxima seguridad de La Tolva en Morocelí, fue motivo de preocupación, por su duración y condiciones de detención deficientes, las cuales fueron documentadas y señaladas reiteradamente a las autoridades por la OACNUDH y el CONAPREV”.
