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Por: Armando Cerrato
Ante la falta de consenso para dar continuidad a un convenio entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras, y llegada la fecha para la finalización de la presencia y actividades en el país de una misión de acompañamiento y apoyo contra la impunidad y la corrupción integrada por personalidades suramericanas vinculadas a procesos jurídicos en sus países de origen, terminó su trabajo con relativo éxito.
El gobierno de Honduras proponía un nuevo convenio y la OEA quería sostener el original porque un nuevo debía pasar por el colador del Congreso Nacional cuya postura era que la MACCIH debía abandonar el país al considerarse innecesaria su presencia y por qué sus actuaciones más que de acompañamiento eran intervencionistas y casi arrebatándole atribuciones al Poder Judicial hondureño al hacer presión sobre los jueces anticorrupción.
Los miembros de la MACCIH también intentaron penetrar el Poder Legislativo sometiendo a su consideración algunas leyes que a su juicio acelerarían la impartición de justicia en el país.
Los diputados especialmente los del Partido Nacional de Honduras que hacen mayoría en el Congreso elaboraron rápidamente un informe sobre las actividades de la MACCIH resaltando aspectos negativos de su actuar que violaban la mayoría del estamento jurídico nacional y además llevaban a cabo investigaciones sesgadas que solo afectaban a miembros del partido de gobierno, sin tomar en cuenta hechos de corrupción escandalosos de gobiernos anteriores y sin explicación alguna del porqué.
Durante su estancia en Honduras los miembros de la MACCIH abrieron varias líneas de investigación dirigidas a buscar el castigo de diputados, algunos empresarios y otros funcionarios del gobierno de turno envueltos en escandalosos actos de corrupción contra el erario nacional y para favorecer posiciones políticas y el enriquecimiento ilícito, en detrimento del pueblo hondureño que se debate en medio de la pobreza extrema con un sistema de salud y educación completamente deficientes, obsoletos y sin visos de mejora en un futuro cercano.
La MACCIH trabajó muy de cerca con el Consejo Nacional Anticorrupción y otras organizaciones interesadas en que haya transparencia absoluta en el quehacer gubernamental para una mejora sustancial en la administración de los bienes del Estado, que son saqueados para beneficio personal de sus funcionarios que a su vez se convierten en financistas de las campañas políticas.
Con la ida de la MACCIH parece terminar la amenaza de castigo legal contra quienes fueron señalados como responsables de actos de corrupción amparados en cargos y en un cuerpo de leyes de última hora que no es más que un manto legal para cubrirse la inmundicia de sus actos corruptos que de pronto quedarán en la impunidad.
Como se espera un cambio de gobierno para el 2022 y posiblemente obtenga el poder un partido de oposición o una alianza opositora, que en un acto de revancha solicite, o la vuelta de la MACCIH sin condición alguna y con poderes absolutos de actuación o vaya más allá y pida a la Organización de las Naciones Unidas el envío de una comisión interventora como era la intención original de los indignados que marcharon con antorchas para que se castigue de una vez por todas a todo aquel funcionario y exfuncionario que haya cometido actos de corrupción y enriquecido ilícitamente o favorecido a determinado ente político.
Solo cabe esperar lo que el tiempo y el destino nos tiene deparado.
Licenciado en Periodismo
