Decreto 900 (Segunda parte)

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25 de enero de 2020
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12:06 am
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Decreto 900 (Segunda parte)

Por: J. E. Mejía Uclés

El año de 1952, es el parteaguas que marca la diferencia entre el régimen de Juan José Arévalo y los Estados Unidos de América. El Decreto 900, marca el inicio de la Reforma Agraria, toca el corazón de las estructuras sociales, agudiza el enfrentamiento. Da comienzo el intervencionismo económico del Estado. La falta de seguridad jurídica en el agro. Invasión de tierras, prepotencia de los invasores, indiferencia del Estado. Con la elección de Arévalo, comienza en realidad, la confrontación entre la United Fruit Company. Este gobierno logra conjuntar los intereses de las clases más necesitadas de la población, a la clase media y a los intelectuales, deseosos de un cambio que permitiera la profundización de la democracia en el país. Así se cierra el círculo de lo que conocemos como “república bananera”, en sus relaciones con el Estado liberal, causando profundas consecuencias en el proceso de construcción nacional.

La CIA mancomunada con los intereses fruteros pensando en mandar a asesinar a Arbenz. El ejército en contra de un gobierno constituido y las intrigas y las conspiraciones florecieron, y por el otro lado la Iglesia Católica en contra del comunismo ateo. Realizando una cruzada en contra del comunismo, tal como ocurrió en la España del 36. Protegiendo la invasión de Castillo Armas, a la que los hondureños nos prestamos, como siempre lo hemos hecho, El Salvador y Nicaragua, es el espejo. La guerra sicológica. Progresismo confundido con comunismo, igual ocurrió aquí en nuestra Honduras en el régimen de Villeda Morales. Desde entonces, con el mesianismo anticomunista que inyectó la doctrina norteamericana de la Seguridad Nacional y el Macartismo. Manipulado por las camarillas de militares y civiles, el ejército guatemalteco asumiría la represión, exacerbados con la masacre y el genocidio indígena.

Si Arbenz no fue asesinado durante la intervención de Castillo Armas, sí destruyó su imagen política. La Comisión del Esclarecimiento Histórico, no pudo obtener ninguna información de parte del ejército guatemalteco para realizar su informe sobre los actos de violencia de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que se eligiesen regímenes civiles, no contribuye a que el poder militar limite su preponderancia, más al contrario contribuye decididamente al aumento de la violencia y la represión, la muerte de Gerardi en 1998, es una muestra de ello. Los Acuerdos de Paz, atenuaron la represión. Haciendo más efectiva la aplicación de la ley. Aunque la eliminación de la Cicig, deja abierta las puertas a la represión y más aún a la corrupción galopante.

Arbenz, como todos los hombres vinculados al poder, será siempre polémico, no hay que olvidarse que la política exterior norteamericana, se caracteriza en echarle la culpa a la víctima, componente clave ya puesto a prueba en la Florida como posesión española y Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Puesta en práctica con Jefferson, y el corolario de Polk, con México. Siempre el interés nacional está por encima de los intereses profesionales, así ha sucedido siempre con los periodistas, William Randolph Hearts, se inventó la guerra hispanoamericana y el desastre del Maine. Lo que John Kennedy, llamó “el deber de autodisciplina”. Lo de Bahía de Cochinos, es más que elocuente. Es una negligencia criminal.

Vale la pena aquí mencionar, lo que Guillermo Toriello, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Arbenz, presentó a la consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el l9 de de junio de 1954, que “tomara las medidas necesarias… para detener la agresión” que había sido desatada por Nicaragua, Honduras, “y monopolios extranjeros, cuyos intereses han sido lastimados por la política progresista de mi gobierno”, dado lo que significaría el precedente guatemalteco para el futuro, por estar en juego la jurisdicción de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, llegó a declarar que la actuación de los norteamericanos “había sido el golpe más duro que las Naciones Unidas habían recibido hasta aquel momento. La política norteamericana hacia Guatemala no fue una aberración, encaja, como ya lo hemos dicho de una tradición muy honda que se convierte en razón de Estado en 1824 con la Doctrina Monroe y sus respectivos corolarios, compartida por demócratas como republicanos, centrada en la imposición intransigente de la hegemonía norteamericana sobre Centro América y El Caribe.

Como bien lo ha manifestado un autor guatemalteco “Espero que las lecciones de la historia sirvan para aclararnos el panorama y que no volvamos sobre lo amargo de las experiencias vividas. No vaya a ser que de nuevo esa ceguera…, esa especie de amnesia selectiva de la sociedad vuelva a resurgir poniéndonos de nuevo a girar en esa eterna rueda de molino de nuestra historia, que siempre nos conduce al mismo lugar en que comienza”.

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