Trasladarán al SAR franquicias aduaneras o incentivos fiscales
La Secretaría de Finanzas (Sefin) introdujo esta semana al Congreso Nacional un proyecto de ley para trasladar al Servicio de Administración de Rentas (SAR) la Unidad de Franquicias Aduaneras, que en las últimas décadas ha otorgado millonarias exoneraciones fiscales a sectores económicos hondureños.
Se pide reformar “los Artículos 17, 19, 20, 21, 174 y 177 del Código Tributario” mismo que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2016”. Con estos cambios, las exoneraciones pasarían a ser parciales o totales “del pago de la obligación tributaria o aduanera aprobada por el Congreso Nacional”, dice el proyecto de ley.
“Cuya tramitación individualmente corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto exclusivo de la Administración Tributaria”, dice el documento enviado por la ministra de Finanzas, Rocío Tábora.
Añade que, las leyes que se aprueben con posterioridad a la vigencia de este código y otorguen exenciones y exoneraciones deben señalar con claridad y precisión aspectos puntales tales como; objetivo de la medida, sujetos beneficiarios, requisitos a cumplir por los beneficiarios.
“Dichos requisitos deben quedar plasmados con claridad en las leyes y reglamentos y son de aplicación estricta a plazo o término del beneficio y tributos dispensados, prohibiciones y obligaciones de los beneficiarios”.
Este es un nuevo intento del Ejecutivo por controlar o reducir las exoneraciones fiscales que han venido gozando rubros como la maquila, energía, comercio y organizaciones sin fines de lucro en el pago del Impuesto sobre Ventas (ISV) e Impuesto sobre la Renta (ISR), principalmente.
De acuerdo a un informe reciente de la Sefin, las exoneraciones o incentivos fiscales representan alrededor del 7 por ciento del PIB, para este año se calcula que el fisco dejará de percibir alrededor de 46 mil millones de lempiras.
El sector privado reaccionó ante este cambio, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, se mostró incómodo por este cambio gestado desde la Sefin.
“Nos han tomado por sorpresa, este gobierno en los últimos tres años ha amenazado al sector privado, que nos va a revisar las exoneraciones. Que hay abuso en las exoneraciones. Nosotros les llamamos incentivos”, dijo el representante empresarial.
Urtecho reclamó que esta reforma no fue consensuada con el Cohep, al tiempo de considerar que el cambio de la Sefin al SAR “es como para decir -que se retrase todo- nunca dan respuestas y crean mecanismos”.
En el gobierno tampoco “siguen la literalidad de la ley, sino que es al criterio de un funcionario. Nos parace que en lugar de ayudar, más bien lo van a retrasar”. Afirmó que con esta reforma se afectará la atracción de inversiones que se necesita para crear empleo. (JB)
INDUSTRIALES
“Hay otras prioridades”
El sector industrial consideró que la reforma viene a contradecir el consenso en que se elaboró el nuevo Código Tributario entre el 2015 y el 2016, cuando se acordó eliminar el concepto de “Renta Universal” por “Renta Territorial”.
En esa dirección apuntó el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García Merino: “No quisiera pensar que vamos en contra de ese consenso trabajando cuestiones de manera independiente, sin consultar a los demás actores”.
“No conocemos la propuesta. No estamos enterados formalmente de ella. Creemos que estos temas deben ser hablados por todos para llevar una propuesta conjunta. Nos extrañan estas situaciones”.
Por otro lado consideró que “hay otras prioridades en materia tributaria, que estas reformas que quieren hacer. En el mismo Código Tributario se estableció que hace dos años debimos presentar un borrador de Ley del Impuesto sobre Venta, Impuesto sobre la Renta y Monotributo”.
“Están atrasados, antes que andar inventando estas situaciones, debemos trabajar de manera coordinada y conjunta para obtener resultados positivos”, apuntó García Merino.
