Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La cuestión de la MACCIH no puede ser analizada con sesgo político, ni tampoco asumir que su cancelación va en contra del reclamo popular en términos absolutos. Si bien hay sectores sociales y políticos que no están de acuerdo con dicha decisión, también los hay, que se muestran ponderados y apoyan la supresión. En tal sentido, se hace necesario ver con objetividad y desapasionamiento político hasta qué punto para combatir la corrupción y la impunidad tenemos que depender de un organismo externo y delegar en él una autoridad que provoca conflictos y que afectan la relación entre los poderes del Estado.
El combate a la corrupción no necesariamente debe recaer en un solo organismo como la MACCIH para hacerla efectiva, el gobierno plantea que es mejor la aplicación de una estrategia que ordene e integre un sistema interinstitucional que unifique las actuaciones, y no como plantea la OEA a través de un “modo autocrático arbitrario” que concentra el poder disuasivo e impone una dinámica operativa que afecta el sistema de gobierno y genera descoordinación, autoritarismo y conflicto interinstitucional al interior del Estado y de la sociedad política.
En el origen de la MACCIH, se aprobó un convenio que si bien llenó de esperanza a la sociedad civil y a la sociedad política; con el correr del tiempo, este convenio derivó en actuaciones irreverentes por parte de la MACCIH, que se evidenciaron en su desenvolvimiento y que generó dudas, levantando suspicacias políticas porque se cometieron abusos de poder que demostraban un manejo del convenio improcedente desde el ángulo doctrinario institucional, provocando la tensión política, una controversia tendenciosa contra el gobierno y un sobregiró procedimental que cayó en actuaciones irrespetuosas inaceptable para las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial que afectaron la credibilidad del convenio aprobado. ¿Cuánto se fortaleció la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras durante la vida activa de la MACCIH?, y ¿hasta qué punto su accionar contribuyó al concurso de actores del sistema de justicia penal hondureño en el combate a la corrupción? ¿Hemos ganado como país capacidades para atacar la corrupción y la impunidad desde una plataforma interinstitucional integrada, eficiente para lograr tal cometido?
La MACCIH realmente tuvo un origen que contó con la voluntad política del Estado y su creación obedeció al interés político de los actores políticos claves de la sociedad política nacional, en un momento histórico en el que las condiciones políticas estaban dadas para crear un mecanismo que contribuyera a la consolidación de un sistema institucional integrado contra la corrupción pública; lamentablemente, el mecanismo previsto en el convenio, no fue conducido siguiendo una ruta consecuente con las expectativas del Estado de Honduras. Realmente, en vez de promover un abordaje complementario, de apoyo y de fortalecimiento de la capacidad nacional para enfrentar el fenómeno corruptivo, en su lugar, los integrantes extranjeros nominados por la OEA para dinamizar y aplicar el convenio, siguieron otra ruta distinta que convirtió a la MACCIH, en un mecanismo independiente, atomizado y arbitrario que provocó malestar ante el Poder Legislativo y el Poder Judicial, orillando al Poder Ejecutivo, hacia una posición difícil porque las condiciones doctrinarias o normativas que promulgaba la MACCIH, se volvieron inaceptables en ambos poderes.
Fue precisamente el Presidente del Poder Ejecutivo quien promovió el diálogo con la OEA para encontrarle una salida al “modus operandi” de la MACCIH, pero no se pudo lograr un acuerdo porque el organismo internacional, no aceptó la propuesta de reforma al convenio que proponía el Poder Ejecutivo. El no haber logrado un acuerdo de renovación de la MACCIH, no significa el acabose del país o el triunfo de los corruptos; simplemente, considerémoslo como el cierre de un ciclo que da la oportunidad para abrir otro, que sea nacional y que demuestre la capacidad del Estado de Honduras para combatir la corrupción y la impunidad basados en principios de imparcialidad, justicia y respeto a los derechos humanos.
Hoy por hoy, la MACCIH se ha cancelado y tal decisión se produce en un momento histórico, distinto al que le permitió su nacimiento. Ahora, habrá que consensuar políticamente una ruta diferente en contra de la corrupción pública y la impunidad que tome en consideración lecciones aprendidas. La voluntad política existe para continuar combatiendo la corrupción y la oportunidad para profundizar ese anhelo es real. El Poder Ejecutivo ha planteado una propuesta que debe ser tomada en consideración y la sociedad política y la sociedad civil tienen la responsabilidad de dialogarla para encontrar una ruta alternativa mejor que la de la MACCIH. No le conviene a Honduras aflojar la lucha contra la corrupción. Por el contrario, hay que superar los errores y salir avante con una solución hondureña creíble.
