Por Edmundo Orellana
Al fin se decidió a hablar el fiscal general. Lo hizo en el momento oportuno. Cuando se expulsa a MACCIH, fenece UFECIC y nace UFERCO.
Previamente, el fiscal Luis Javier Santos, líder de la exitosa cruzada anticorrupción, sin precedentes en la historia de Honduras, declaró públicamente que UFERCO nacía apoyada por el fiscal general pero huérfana del apoyo internacional y en precarias condiciones presupuestarias. Condiciones que amenazan con desacelerar significativamente las actividades y hacen más difícil, sino imposible, la lucha contra esa hidra de mil cabezas de las redes de corrupción.
Esa declaración del fiscal Santos se imponía. De no haberlo hecho, esa ralentización habría generado, entre la población, la percepción de fracaso, imputable directamente a él y a su equipo. Esa declaración debe interpretarse también como una solicitud de apoyo a la sociedad para que presione a la cooperación internacional para que continúe apoyando al MP y, específicamente, a esa nueva unidad fiscal. Corresponde, entonces, a los colectivos que se comprometieron a apoyar esta lucha, gestionar ante la cooperación para que destine a UFERCO los recursos que canalizaba a la MACCIH.
Inmediatamente después de la declaración del fiscal Santos, comparece públicamente el fiscal general –contrario a lo que nos tenía acostumbrados– formulando la declaración de guerra contra las redes de corrupción. En esa nueva cruzada, esta vez bajo su liderazgo, compromete su vida misma, lo que es decir mucho, y advierte de conspiraciones en contra del MP, es decir, en contra de la lucha contra la impunidad, por cuanto el MP es el único organismo con potestades para combatir realmente la impunidad, especialmente en corrupción y narcotráfico, mediante procesos investigativos susceptibles de convertirse en acusaciones ante los tribunales de la República e instarlos hasta obtener la sentencia que corresponda en Derecho.
Estamos advertidos. Ahora bien, pregúntese amable lector: ¿quiénes podrían estar urdiendo esta conspiración? El mismo fiscal general señaló que “son grupos económicos y fuerzas políticas” unidos por un hilo conductor: las inminentes investigaciones y acciones criminales en su contra. Se trata, pues, del poder político y del poder económico, unidos para agredir organizada y sistemáticamente al MP.
Contra estos colosales conspiradores el MP no tiene posibilidades si no cuenta con el acompañamiento de la cooperación internacional y de la población. Aquella se comprometió a impulsar esta lucha y debe seguir apoyándola, pese a que, el principal cooperante, Estados Unidos, que señaló a la corrupción del gobierno como la causa fundamental de las caravanas de emigrantes hondureños, acusación agravada con los señalamientos de la justicia federal gringa al gobierno hondureño de promover el narcotráfico a gran escala, contribuyó con su indiferencia a la expulsión de la MACCIH.
La población está obligada a apoyar la declaración de guerra del fiscal general. Sin embargo, hay quienes no lo apoyan porque dudan de él, pero aplauden la declaración de guerra. Apoyémosla, entonces, aunque se dude del fiscal. Y ejerzamos nuestro derecho de exigirle que esa declaración se ejecute y no quede en simple retórica. Porque, desde la perspectiva del ciudadano, esa declaración debe interpretarse como el voluntario sometimiento del fiscal general al escrutinio público y a la exigencia de resultados concretos; en otras palabras, que las acciones deben ser de mayor impacto y apuntar directamente a las cabezas de las redes de corrupción.
Con esa declaración, el fiscal estará más expuesto y, por ello, más vulnerable. Porque cualquier retraso en las acciones dará lugar a que se le acuse de no ser diligente ni eficaz; igualmente, estará expuesto a los ataques, esta vez más feroces, de aquellos que arremetieron contra el binomio MACCIH-UFECIC, desde el poder político y el económico. A esta campaña perversa se sumarán inevitablemente aquellos medios de comunicación que están en manos del gobernante porque cayeron en la trampa de acogerse al programa de canje de impuestos por publicidad.
El fiscal general se comprometió a luchar incondicional y decididamente en contra de la impunidad, enfrentando el poder político y el económico. Si no cumple, habrá fallado al pueblo, a la historia y a sí mismo, y vivirá marcado por la ignominia. Si cumple recibirá el respeto imperecedero del pueblo y el reconocimiento de la historia, y personalmente tendrá la satisfacción del deber cumplido.
Llegó el momento de definirse: o estamos con el MP o con las redes de corrupción. Quien esté en contra de las redes debe gritar con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
