Admiten más pruebas contra la “torona” de “Los Cachiros”
En el segundo día del juicio oral y público contra los supuestos “administradores” del clan “Los Cachiros”, la sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se pronunció acerca de la prueba incidental ofertada por las partes procesales, para que sea tomada en cuenta en el debate, la cual fue admitida en más de un 80 por ciento la que presentó el Ministerio Público.
Asimismo, se admitió en su totalidad la ofertada por la defensa de los encausados Jessica María Paz Castellanos, conocida en el rubro del narcotráfico como “La Narca” o la “Reina del Lavado”, de profesión decoradora de interiores, sus hermanos Elida Leticia Paz Castellanos, Vilma Aracely Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva y Dennis Alexander Paz Jiménez.
Es de mencionar que el ente fiscal presentó alrededor de 20 medios de prueba incidental entre los que se encuentra un dictamen financiero patrimonial, avalúos forenses, copias certificadas de las matrículas de algunas casas, certificado de acta de matrimonio, copia del registro mercantil, comprobantes de usurpaciones de identidad, transferencias electrónicas, actas de diligencia investigativa para establecer la relación entre los encausados con líderes de otros carteles del narcotráfico y lavado de activos, constancias de envíos de unos dos millones de dólares a favor de la defensa de los hermanos Rivera Maradiaga.
De igual forma, el ente fiscal presentó como parte de su prueba incidental, un acta de levantamiento de indicios con fecha 25 de septiembre del 2017, junto con su álbum fotográfico de la casa de Jessica María Paz Castellanos.
Dentro de la evidencia física que ofertaron los fiscales, se encuentra un contrato de un préstamo por cuatro millones 41 mil 370 dólares, contratos ficticios entre empresas que se encuentran dentro de una red internacional de sociedades de maletín utilizadas para el lavado de activos.
También la copia certificada del expediente del Juzgado de Privación de Dominio sobre los bienes de Santos Maradiaga, aparte de ellos, documentación que acredita las donaciones que se hicieron entre miembros del clan.
Además de ello, las coordenadas de las supuestas pistas clandestinas, información sobre el lugar específico de donde aterrizan las narcoavionetas, fotos con el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, condenado por lavado de activos y con extradición concedida en carácter de diferida, ya que fue solicitado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Otra de las evidencias físicas fue el comprobante de depósito a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por 12 mil 751 dólares y 113 mil lempiras que se encuentra dentro del informe del resultado de allanamiento del 26 de septiembre del 2017.
El tribunal resolvió admitir el dictamen financiero patrimonial, el avalúo forense, la copia certificada del Instituto de la Propiedad, el acta de allanamiento y toda la evidencia física, exceptuando la declaración, el acta de diligencia policial e investigativa, tampoco la copia de respuesta de una institución financiera sobre un desembolso de cuatro millones de dólares, tampoco un reporte de investigación realizada por un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), ni las certificaciones de matrimonio y partidas de nacimiento de Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Marlene Quintanilla, que tenía como fin probatorio demostrar el nexo que tienen con los encausados con quienes mantuvieron relación comercial de traspaso y venta de bienes.
Mientras tanto, lo ofertado por la defensa fue admitido, como ser la pericia financiera patrimonial, el avalúo de bienes, el acta de allanamiento de una vivienda con las actas de decomiso, el cual supuestamente no se encuentra dentro del expediente.
PRUEBA ILÍCITA
En lo que respecta a la nulidad planteada por la defensa de la familia Paz Castellanos, el tribunal se pronunciará hasta el fallo para establecer si se le violentó o no las garantías constitucionales.
Durante la exposición del togado, dijo que “cuando se va a allanar un domicilio se tiene que nombrar un juez ejecutor, que tiene que estar desde que inicia hasta que termina el mismo, encontramos dos allanamientos más donde el juez ejecutor que realizó el allanamiento de la casa de la señora Jessica Paz Castellanos estuvo en tres allanamientos más participando como recolectora de evidencias”.
Asimismo, “es materialmente imposible que una persona pueda estar en más de dos lugares, el allanamiento fue el 25 de septiembre del 2017, a las 8:00 de la mañana y a las 8:00 de la noche y la juez ejecutora estuvo en tres allanamientos a la misma vez, por lo tanto es un acto imposible, no es confiable, es ilícito y todo lo que se deriva de ello lo es también”.
“No habían órdenes de allanamiento de las casas de habitación, fueron convalidados por un juez, lo que de igual manera son nulas”.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), ejecutó la operación “Fortuna” donde le decomisaron más de 131 bienes y 11 empresas mercantiles al cartel, así como la captura de los cuatro encausados.
Entre las empresas decomisadas se destacan Importaciones Paz Robles e Importaciones General (IMGRAL), S. de R.L., así como empresas dedicadas a la venta de repuestos.
