Alcalde de San Salvador y exministros, ante la Justicia por nexos con maras
Un juzgado de paz de El Salvador instaló este viernes la audiencia inicial contra varios líderes políticos, incluido el alcalde de la capital, Ernesto Muyshondt, por supuestamente negociar favores políticos con pandillas.
Además de Muyshondt, enfrentan este proceso el exministro de Gobernación Arístides Valencia y el exministro de Seguridad Benito Lara.
Muyshondt es miembro de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y los exministros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De igual forma, es acusado Wilson Alvarado, supuesto “enlace” entre el FMLN y las pandillas.
A estas personas se suman Paolo Lüers y Raúl Mijango, este último es reconocido por ser el principal mediador en una tregua que pactaron las pandillas entre 2012 y 2014, y que fue apoyada por el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Todos los imputados se presentaron para enfrentar la referida audiencia, que comenzó con la solicitud de la defensa de desechar varios elementos de prueba del Ministerio Público y de declarar la prescripción del cargo de fraude electoral.
Se espera que el referido tribunal decida este mismo viernes si pasa el proceso a la etapa de instrucción o desecha los cargos.
Dos testigos de la Fiscalía, exlíderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, vinculan a estas personas con la compra de votos a las “maras” en la elección presidencial de 2014 y legislativa de 2015.
La elección de 2014 fue ganada por el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén para el período 2014-2019 en una segunda vuelta ante el exalcalde de San Salvador y diputado Norman Quijano.
La Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa el pasado 27 de enero retirar la inmunidad constitucional a Quijano para que enfrente los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
“Confío en la justicia”, manifestó al llegar a la sala de audiencias Muyshondt, quien recalcó que se considera “inocente”.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos. EFE
