Por Marcio Enrique Sierra Mejía
En el mundo de hoy el dinero es lo que más condiciona la vida cotidiana de las personas, sin tenerlo ni se come, ni se habita dignamente, ni se logran otras necesidades o derechos básicos que tenemos como seres humanos, por el contrario, en abundancia, se logra obtener poder político y oportunidades para ubicarse por encima de prejuicios moralistas, sean estos de índole doctrinarios bíblicos o doctrinarios legalistas. El intercambio de mercancías, a través de papel moneda, valora la obtención de objetos materiales o productos como la cocaína; lo cual, está causando un deseo intenso y vehemente en muchos individuos, que los hace caer en patrones de comportamiento anormales que riñen con la ética, la moral y las buenas costumbres. A causa del flujo monetario que se produce de la compra, transporte y venta de esa droga, el orden conveniente o adecuado de esa relación de intercambio comercial, en nuestro país ha dejado de ser normal y, en las actuales circunstancias en que intercambiamos mercancías, se han trastocado las normas y, como consecuencia, tenemos un efecto contaminante que atrae mucha violencia y que da pie al surgimiento de una dinámica de relaciones comerciales que producen dinero sucio; en tales magnitudes, que todo el sistema económico y político está contaminado.
El dinero generado por el intercambio comercial de cocaína da “principalía, distinción y garantiza impunidad”.
Este proceso comercial lo ven las gentes y lo juzgan, aunque se sientan impotentes e incapaces de enfrentar ese poder. Los narcotraficantes se han constituido en un grupo con poder económico con la capacidad para conseguir poder político y pasar desapercibidos en su accionar delincuencial cotidiano, lo constituyen personas que ya perdieron su compostura moral. Disfrutan, invierten y hasta logran variar la sentencia en casos en que sus actividades delictivas son descubiertas y se les quiere aplicar correctivos legales a sus perversas acciones.
El educador Roberto Rosada Fernández, nos plantea que: “La ambición desmedida a la obtención de dinero, es más importante, para el ambicioso desmedido, que el “ser”, aunque para ello pierda su estatura moral. Eso no es lo que importa. Quiere mucho dinero para tener estatus en la sociedad y llenar de esa manera su ego personal. Lo demás no está en su agenda. Importa lo que le hace conseguir dinero a costa de los que sea” (Rosada Fernández, 2017).
El intercambio de coca por papel moneda genera un flujo monetario y de capital fijo tan grande que por momentos supera la riqueza obtenida por producir otros productos agropecuarios o agrícolas de exportación. Sin embargo, mientras que con los productos agropecuarios normales obtenemos capital limpio que beneficia a la economía, con la coca, se obtiene un flujo de capital sucio mucho mayor; del que la economía nacional, no está recibiendo beneficio alguno. Vemos noticias sobre confiscaciones importantes de bienes, aunque muy poco sobre volúmenes de dinero. No tenemos datos o informes de cómo se utilizan los bienes confiscados. Se hace necesario transparentar el uso de esas confiscaciones. Que es una cuestión sobre la que no tenemos una información cabal que demuestre el buen uso que se le está dando a esos capitales confiscados. La transparencia sobre este asunto es necesaria para bien del Estado y la ciudadanía en general. Lo que intento, es plantear una perspectiva realista, pragmática y perceptiva, sin ánimos científicos, sobre la necesidad de reinvertir el dinero obtenido por venta de cocaína o por la vía sucia, en procesos beneficiosos para el desarrollo económico de zonas de extrema pobreza, lo cual implica, fijar una estrategia legal que posibilite su uso en programas o proyectos orientados al desarrollo productivo de los que viven en extrema pobreza.
Tanto los bienes como los volúmenes de dinero confiscados a los narcotraficantes deben ser utilizados de manera transparente por el Estado para desarrollar zonas territoriales de muy bajo crecimiento económico. ¿Qué se hace con esos bienes y los volúmenes de dinero que se confiscan? ¿Acaso no se puede crear un mecanismo legalmente instituido cuya función institucional no solo sea para transparentar el uso de estas confiscaciones, sino que también para generar desarrollo socioeconómico en zonas territoriales con condiciones de pobreza extrema? ¿Será posible que la ciudadanía conozca un informe sobre bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y sobre el uso que se da a tales confiscaciones? Los narcotraficantes y grandes delincuentes amasaron incalculables fortunas procedentes de sus negocios ilegales que deben reinvertirse en obras de desarrollo social o inversiones productivas que generen trabajo.
