Hoy formalizan cargos contra “Torona” de “Los Cachiros”
El Ministerio Público a tráves de los fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), harán la formalización de los cargos a Jessica María Paz Castellanos considerada por el ente acusador como el “relevo” del clan “Los Cachiros”, cuyos líderes se encuentran presos en los Estados Unidos.
Paz Castellanos es acusada al igual que sus hermanos Elida Leticia Paz Castellanos, Vilma Aracely Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva y Dennis Alexander Paz Jiménez de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos.
Jessica Paz considerada por la Fiscalía como “cerebro” financiero del clan de narcotraficantes, fue la encargada de la coordinación, recolección y manejo de dinero producto de la narcoactividad con el fin de pagar millones de dólares al bufete internacional radicado en los Estados Unidos, que defendían a los hermanos Rivera Maradiaga en ese país del norte.
Al igual que sus hermanos, “La Reina del Lavado”, “La Narca” con grado de “Torona”, dentro del clan al quedar sin sus máximos líderes, se encargó supuestamente de moverles a través del sistema financiero así como de bienes raices millones de lempiras.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), les “olfateó” más de 665 millones 193 mil lempiras que estos encausados entre todos, les “lavaron” a los capos Rivera Maradiaga a través de diferentes rubros, como ser empresas de maletín, adquisición de bienes de lujo, entre otros.
Específicamente, Paz Castellanos considerada como la principal “cabecilla del “relevo” de los Rivera Maradiaga, se encargó de mover los millones de lempiras a la familia de narcotraficantes, pero fue apartada del “trono” tras caerle el Ministerio Público con la operación “Fortuna” donde le derribaron a más de 131 bienes y 11 empresas mercantiles al cartel, entre las que se destacan Importaciones Paz Robles e Importaciones General (IMGRAL), S. de R.L., así como empresas dedicadas a la venta de repuestos.
Las averiguaciones de los fiscales y detectives determinaron además que Paz Castellanos y personas de su núcleo familiar hicieron transacciones sobre bienes inmuebles con Marlene Isabel Cruz Quintanilla, esposa del señor Javier Rivera Maradiaga y con las sociedades mercantiles Empresa de Transporte Brisas del Aguán, S.A. y Desarrollo Ecoturístico Guaymoreto, S.A., representadas en escrituras por los señores Juan Ángel Maradiaga López y Midence Oquely Martínez, ambas compañías vinculadas a los hermanos Rivera Maradiaga, demostrado en los expedientes que sirven de antecedentes.
Se comprobó además por parte de la Fiscalía, la creación de sociedades mercantiles con la misma o similar finalidad social, con los mismos socios y que operan en direcciones idénticas, sociedades que obtienen diversos productos financieros con los cuales se estaría ingresando al sistema, dinero que no tiene causa o justificación económica o lícita de su procedencia.
Las casas, carros blindados y empresas a nombre de la familia Paz se encuentran bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), algunos de esos bienes están en San Pedro Sula, Yoro y Puerto Cortés.
MÁS PRUEBA DE CARGO
Durante la etapa incidental, se aceptó a favor del ente fiscal como parte de la lista de la prueba de cargo, un acta de levantamiento de indicios con fecha 25 de septiembre del 2017, junto con su albúm fotográfico de la casa de Jessica María Paz Castellanos, un contrato de un préstamo por cuatro millones 041 mil 370 dólares, contratos ficticios entre empresas que se encuentran dentro de una red internacional de sociedades de maletín utilizadas para el lavado de activos.
También la copia certificada del expediente del Juzgado de Privación de Dominio sobre los bienes de Santos Maradiaga, aparte de ellos, documentación que acredita las donaciones que se hicieron entre miembros del clan.
De igual forma, las coordenadas de las supuestas pistas clandestinas, información sobre el lugar específico de donde aterrizan las narcoavionetas, fotos con el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, condenado por lavado de activos y con extradición concedida en carácter de diferida, ya que fue solicitado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, en las que se muestran a los encausados, la copia certificada de una propiedad valorada en al menos tres millones de lempiras a nombre de una pareja de narcos de Guatemala conformada por Mario Roberto Girón Maldonado y Gladys Orfilia Villatoro Ortiz, quienes tienen orden de captura pendiente.
La pretención probatoria por parte de la Fiscalía es demostrar los supuestos nexos que los encausados tenían con personas ligadas al narcotráfico.
Otra de las evidencias físicas fue el comprobante de depósito a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por 12 mil 751 dólares y 113 mil lempiras que se encuentran dentro del informe del resultado de allanamiento del 26 de septiembre del 2017.
EXMARIDO MUERTO
Es de mencionar, que el ente fiscal, estaría solicitando en el momento procesal oportuno, el sobreseimiento definitivo a favor de otro de los encausados en este proceso, de nombre Jessel Eduardo Rosales Brizuela quien era el exmarido de Jessica Paz Castellanos y falleció supuestamente tras una caída mientras realizaba unos trabajos en la Penitenciaría Nacional de Támara, el pasado 14 de enero de este año, pero aún no se ha extendido el acta de defunción, porque la causa y manera de muerte sigue en proceso de investigación.
RECHAZAN ACUSACIONES
Por su parte, la defensa privada de los encausados, alegan que los allanamientos realizados contra la señora Jessica Paz Castellanos son ilegales, debido a que se nombró a un juez ejecutor quien no solamente estuvo en la vivienda de la encausada sino también en otros allanamientos más.
“Cuando se va allanar un domicilio se tiene que nombrar un juez ejecutor que tiene que estar desde que inicia hasta que termina el mismo, encontramos dos allanamientos más donde el juez ejecutor que realizó el allanamiento de la casa de la señora Jessica Paz Castellanos estuvo en tres allanamientos más participando como recolectora de evidencias”, expuso el defensor.
Asimismo, se preguntó “es materialmente posible que una persona pueda estár en más de dos lugares, el allanamiento fue el 25 de septiembre del 2017, a las 8:00 de la mañana y a las 8:00 de la noche y la juez ejecutora estuvo en tres allanamientos a la misma vez, es por lo tanto un acto imposible, no es confiable, es ilícito y todo lo que se deriva de ello lo es también”.
“No habían órdenes de allanamiento de las casas de habitación, fueron convalidados por un juez, lo que de igual manera son nulas”, añadió.
