Adiós 2020
Por Armando Cerrato
Organismos públicos y privados dedicados al combate de la corrupción tras analizar exhaustivamente el sistema de administración pública vigente, han llegado a la conclusión de que las pérdidas económicas del erario nacional por corrupción de algunos funcionarios que manejan presupuestos millonarios destinados a favorecer a la población, son alarmantes y espectaculares.
Según los análisis confirmados y reconfirmados se pierden al año 75,000 millones de lempiras por diversos actos de corrupción, por lo que se han enriquecido ilícitamente decenas de personas que han ocupado cargos en las diversas instituciones del Estado, por lo que la situación económica del país siempre está muy lejos de mejorar porque en vez de avanzar retrocede y los índices de pobreza crecen desmesuradamente convirtiendo a enormes masas de pobres en miserables, mientras una minoría privilegiada políticamente se enriquece hasta más no poder.
El Foro Nacional de Convergencia (FONAC) recién reactivado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), coinciden en las conclusiones de sus estudios especiales, en las cifras que consideran horrendas y que no solo puede ser atribuida a funcionarios de este gobierno sino que también a gobiernos anteriores, pues existe toda una cultura de robo al erario nacional.
Lo peor del caso es que estos organismos en su lucha por una transparencia total en el proceso administrativo nacional, también coinciden en sus informes fiscales que existe un plan de corrupción organizada para seguir el saqueo de los fondos públicos recaudados anualmente por diferentes tasas impositivas y provenientes de préstamos otorgados por organismos internacionales de financiamiento, supuestamente para que la búsqueda del bien común como fin primordial de los gobiernos sea cada vez mayor, eficaz y efectiva en Honduras.
Ese plan siniestro, oprobioso, sucio y malévolo está proyectado para los próximos sesenta años de ejercicio fiscal, si es que los organismos contralores del Estado no se ponen las pilas y se enfrentan en combate abierto, decidido y de frente a los corruptos, judicializando sus casos y metiéndolos a la cárcel, confiscando los bienes adquiridos por el robo al erario nacional, el cobro de coimas y canonjías, el tráfico de influencias y otras formas corruptas de enriquecimiento ilícito.
La corrupción no solo es de alto coturno, pues cuando los mandos intermedios observan la impunidad con que actúan sus jefes deciden también alcanzar algún beneficio que mejore su situación económica y cuando los funcionarios de bajo rango observan la impunidad de sus superiores también deciden participar del pastel, aunque sea con migajas y aunque sean pérdidas de rollos de papel higiénico, clavos, escobas, mechas de trapeador, baldes, esponjas y otros materiales, suman miles de lempiras en pérdidas para las instituciones que las compran a veces sobrevaloradas porque también los distribuidores de los mismos contribuyen a que la corrupción crezca aritméticamente frente al crecimiento geométrico del presupuesto institucional.
El panorama corrupto del país se ha institucionalizado porque quienes se meten a políticos están muy lejos de ser estadistas que busquen el bien común en procura de mejorar la sociedad nacional que nos muestra un pueblo enfermo y maleducado, pobre y desarrapado, endeble y degenerándose paulatinamente hacia la descomposición social, lo que lo lleva a niveles criminales con un sadismo espectacular y sin que las autoridades puedan controlar o prevenir los hechos delictivos que a diario se cometen en todo el territorio nacional, dando muestras de que los criminales comunes y organizados mutan su modus operandi más rápidamente que la actividad para repelerlos.
Al menos hoy podemos darnos cuenta del nivel de latrocinio institucionalizado que al parecer va más allá de las cifras ofrecidas si agregamos a ello, el millonario saqueo que se hizo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Magisterial (IMPREMA), y otras instituciones públicas.
Licenciado en Periodismo
