MP solicita privación definitiva de 24 bienes de Lorgio Oquelí
Lorgio Oquelí Mejía tiene una orden de captura en su contra por lavado de activos.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), solicita la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.
La petición hecha a un juez de privación corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja Dennise Yamileth Morales.
La acusación se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justifican más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado del 2012 a 2017, que era de cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21).
Dentro de este Requerimiento Fiscal interpuesto por la UF–ADPOL figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF–ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad, establece que entre los años 2012–2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).
Además del comisionado, la acusación incluye y fueron capturados varios policías activos y depurados, entre ellos el subcomisionado José Elías Bustillo Carías.
