El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, dijo ayer que no es indispensable que se discuta la aprobación de una Ley de Extradición en el Congreso Nacional (CN).

Inicialmente se refirió al anteproyecto de ley enviado por la CSJ, cuando era dirigida por Jorge Rivera Avilés, para regularizar el procedimiento de los procesos de extradición.

“Nosotros estamos trabajando con el artículo 102 de la Constitución de la República y el auto acordado que detalla algunos procedimientos una vez que se reciba la solicitud de extradición”, agregó el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que con el contenido del auto acordado no se han tenido mayores inconvenientes en el desarrollo y concretización de los pedidos de extradición con gobiernos extranjeros.

Según Argueta, “vemos que no es indispensable que se pueda debatir y resolver por parte del órgano Legislativo, una ley ordinaria para atender el tema de las extradiciones”.

Sin embargo, sostuvo que “es una facultad del Legislativo, que a iniciativa suya se pueda debatir y aprobar una ley, en caso de que entre en vigencia una normativa de esta naturaleza, nosotros estamos en absoluta disposición”, concluyó.

El auto acordado para extraditar hondureños a Estados Unidos, está vigente desde el 11 de junio del 2013, fecha en que fue publicado en el diario oficial La Gaceta. A la fecha 22 hondureños han sido extraditados a EE. UU. por delitos de narcoactividad a partir del 2014.

Las declaraciones de Rolando Argueta, contrastan con las vertidas el pasado domingo por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, quien considera que es necesaria que las extradiciones deben regirse por una ley y no por un auto acordado.

La junta directiva del Congreso Nacional anunció que discutirán en los próximos días un proyecto para que los hondureños que cumplieron condenas en EE. UU. por narcotráfico retornen al país para responder por causas cometidas localmente.

Es de destacar que en el 2012 se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República que permite la extradición de connacionales, pero se realizan bajo una figura del auto acordado aprobado por la CSJ.