Derogación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública
Miramonte
El país avanzó con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada durante la administración del presidente José Manuel Zelaya, en un afán de promover la transparencia y teniendo como una herramienta jurídica esta ley para acercar a la ciudadanía todos sus actos administrativos, instaurando con ello un instrumento legal necesario para obtener un acceso permanente, claro y efectivo de los actos realizados por el mismo Estado, con excepción de aquellos que su publicidad podría generarle problemas a la seguridad interna del Estado mismo.
Partiendo de ello y tomando en consideración lo manifestado por el presidente Juan Orlando Hernández sobre la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, y tomando en cuenta la última publicación efectuada por Trasparencia Internacional que revela los resultados del índice de percepción donde Honduras se ubica en la posición 146, con una puntuación de 26, lo que se traduce en un detrimento en comparación con 2018, cuando se colocó en la posición 132 con una puntuación de 29, es ineludible la lucha contra la corrupción, pero sobre todo el fortalecimiento institucional o el fortalecimiento del Estado de Derecho, empoderando y acercando a la ciudadanía a la información; definiendo e implementando una política pública en materia de transparencia y acceso a información pública en el país.
La derogacion de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, debe ser una bandera de lucha desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo un desafío para el gobierno actual; en un país como Honduras, en donde diariamente se acusa en los tribunales de la República a servidores públicos por actos de corrupción, se debe promover un balance en lo que se puede, debe o no, ser informado o publicado por parte del Estado, ya sea por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones de interés nacional.
Honduras es signataria de tratados y pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la decisión de contar con un instituto de Acceso a la Información creado por esta misma ley, para que de forma legítima los ciudadanos y ciudadanas, amparados en derecho consultaran sobre diferentes tipos de información sensible a la transparencia, como ser las compras de los fungibles, los contratos de servicios, las licitaciones, los nombramientos, transmitieron por algún tiempo, según lo indica el artículo13 de la LTAIP (República, 2006), la idea de que la decisión del Estado de Honduras en la definición y gestión de una política pública de trasparencia iba en serio y había contundencia en sus planteamientos teóricos y sus decisiones.
De la misma forma hemos escuchado de voz de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que pretenden descentralizar la mencionada institución para acercarla a la ciudadanía y empoderarla con esta herramienta, teniendo como objetivo principal la lucha abierta contra la corrupción.
Concluyo recordando, que es deber del Estado de Honduras, garantizar la transparencia y el acceso a la información y crear mecanismos e instrumentos que permitan regular el actuar de los funcionarios públicos, así es como se construye una democracia participativa y se fortalece el Estado de Derecho; ppositivamente debemos asumir el reto y caminar bajo la cobija del general José Trinidad Cabañas como pilar de la trasparencia en nuestro querido país.
Sergio Vladimir Coello
Abogado, Máster en Derecho Empresarial
