En un estado serio

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14 de febrero de 2020
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12:34 am
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En un estado serio

COVID-19, la incertidumbre de los datos oficiales

Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Muy a menudo, desde los medios de prensa y sectores de opinión pública se consulta sobre cuáles son los principales problemas del país o las necesidades prioritarias que deberían atender los gobernantes, las opciones son siempre reiterativas, la inseguridad, la violencia, la pobreza o el desempleo y aunque en efecto, tienen un impacto significativo en la condición de vida de la población, todos estos se resumen en uno aún más grave y del que muy pocos quieren hablar y enfrentar, el irrespeto a la ley.

El principio de legalidad es la característica principal que identifica a un estado democrático, este constituye la garantía del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la enciclopedia jurídica lo define como “el principio que rige todas las actuaciones de la administración pública sometiéndolas a la ley y el Derecho, limitando su acción solamente a lo que por ley le está permitido”.

El estado entonces, tiene la responsabilidad primaria de garantizar el estricto cumplimiento de la ley pero también de someterse a ella como el marco regulatorio que le establece los límites para ejercer el poder, la ley por tanto, es la base fundamental para su efectivo y correcto funcionamiento, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, porque si así fuera, se convierte en un estado absolutista, en donde quien tiene el poder hace uso indiscriminado para ordenar y mandar a su gusto y sin controles.

La igualdad ante la ley y el irrestricto cumplimiento de la misma, debe ser la prioridad de todo gobernante y autoridad en una nación, los ciudadanos por su parte, están obligados a manifestarse y a exigir que desde el poder surjan ejecutorias congruentes, trasparentes y acordes con los sistemas legales establecidos con el fin de evitar que sus autoridades abusen del mismo.

Cuando en un país por el contrario, prevalece el irrespeto a la primacía de la ley las instituciones no funcionan, se vuelven frágiles y vulnerables, el estado se pone al servicio de las élites y no de la población, se abren las puertas al abuso y la concentración del poder mediante leyes que se aplican de manera discrecional.

Ante el desacato a la ley prima el caos, la anarquía y el descontento social, la violencia, la corrupción y la pobreza, el Estado de Derecho se debilita y el marco jurídico e institucional se vuelve simple retórica desvalorizada y desactualizada.

En un estado serio que respeta la ley no hay espacio para el latrocinio, pero en Honduras es todo lo contrario, la impunidad es la causa principal del deterioro y la desigualdad social, prueba de ello es el último informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que reveló que la corrupción le roba al país unos 65 mil millones de lempiras al año.

Las últimas mediciones a nivel internacional ratifican que Honduras no es un país modelo de transparencia y respeto a las leyes vigentes, incluso diversos organismos nacionales y extranjeros han advertido que algunas normativas legales, como la de secretos oficiales por mencionar una, son un férreo obstáculo a los procesos de rendición de cuentas.

En un estado serio que respeta la ley no existen comisiones interventoras, depuradoras o transformadoras, los gobernantes no necesitan el respaldo de líderes religiosos y de la sociedad civil para que avalen sus ejecutorias, no se admiten decretos de emergencia para saltarse los procesos legales y sus ciudadanos no tienen que salir en caravanas huyendo de la crisis, funciona la institucionalidad legal y punto, pero reitero, en un estado serio.

@aldoro/[email protected]

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