Reelección no es prioridad actual del Ombudsman
Ante la convocatoria realizada por el Congreso Nacional para la elección de Comisionado Nacional de los Derechos Humano, el Ombudsman hondureño, H. Roberto Herrera Cáceres expresó que la reelección en su cargo no tiene actualmente preferencia sobre las funciones que desempeña, tal como lo establece la Constitución de la República, los principios internacionales y subregionales de las instituciones nacionales de derechos humanos y la Ley Orgánica del CONADEH.
Este es un proceso normal establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que establece lo siguiente: “La persona titular para Comisionado Nacional de Derechos Humanos, será elegido por el Congreso Nacional, por un periodo de 6 años por mayoría de votos, pudiendo ser reelegido”.
El Defensor del Pueblo indicó que está enfocado en brindar una respuesta positiva y oportuna a las peticiones individuales y crisis colectivas que se reciben o viven en el ámbito nacional y centroamericano.
Actualmente se está concluyendo el proceso de planificación estratégica en el cual, los delegados y delegadas nacionales y todo el equipo de CONADEH, enfocados en revisar, establecer y priorizar el trabajo para el 2020, en la implementación del mandato constitucional de la institución.
Entre las acciones se destaca la ampliación en la cobertura de la“Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario”, para incorporar 18 municipios más a los 36 que ya funcionan debidamente empoderados en los 18 departamentos en donde se ejecuta exitosamente esta estrategia de democracia y bienestar, concebida y reconocida para ser aplicada en todo el territorio nacional, que ha sido catalogada como una experiencia única en el mundo, por la Universidad de Alcalá (España).
En el ámbito centroamericano, en su posición de presidente, durante el 2020,está reactivando el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos que vela por la dignidad de los pueblos centroamericanos, su democracia y Estado de derecho; como lo evidencia su pronunciamiento y seguimiento ante la crisis entre poderes del El Salvador.
