Peritos confirman que mujer es “cerebro” financiero de Los Cachiros

El juicio oral y público contra los supuestos “administradores” de “Los Cachiros”, se reanudó ayer en la tarde, comenzó con el interrogatorio a dos peritos del Ministerio Público, que se encargaron de la pericia financiera de cada uno de los hermanos Paz, acusados del delito de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos.

En ese sentido, el interrogatorio por parte del ente fiscal, fue orientado en dejarle claro al Tribunal, sobre como Jessica María Paz, considerada el “cerebro financiero” por parte del ente acusador, lavó supuestamente 166,457,664.30 lempiras a través del sistema financiero nacional.

Asimismo, sostener mediante esta pericia, los millones de lempiras que movieron otros dos de los hermanos, Vilma Aracely Paz Castellanos, y Juan Carlos Paz Villanueva y que se asociaron para ambos delitos.

De igual forma, la responsabilidad que asumen en la comisión del delito, por parte de Elida Leticia Paz Castellanos y Dennis Alexander Paz Jiménez, lo cual realizaron en menor escala porque las cantidades que no pueden justificar son menores al millón de lempiras por cada uno.

Otro de los puntos que salió a relucir fue la que cómo los encausados aparte de tener sus cuentas personales figuraban en las cuentas de las empresas señaladas en esta acusación y por las cuales se movieron millonarios fondos que para los fiscales no cuentan con documentación soporte para justificar cada lempira que se movió en el sistema financiero relacionado a las sociedades.

QUEBRANTAR PERICIA

Tras culminar el interrogatorio de la Fiscalía, le tocó el turno a la defensa de los cinco hermanos, quienes a toda costa buscaron “quebrarse” la pericia financiera de cargo que se presentó ante el Tribunal.

No obstante, el abogado David Arturo Duarte, quien representa a uno de los bancos nacionales que tienen como en garantía hipotecaria parte de los bienes asegurados en el Operativo “Fortuna”, interpuso ayer a las 2:45 de la tarde ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, una acción constitucional de amparo contra resolución judicial de fecha 7 de febrero del año 2020 emitida en el expediente judicial número TS/JN 8-63-2019 por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Sala Segunda, en la cual se violentan los derechos, garantías y declaraciones de rango constitucional contentivas al derecho de petición, al derecho de defensa, al derecho al debido proceso, al derecho a la propiedad privada en perjuicio del tercero de buena fe y titular de derechos como acreedor hipotecario, al banco que representa.

Referente al otorgamiento de los créditos hipotecarios, afectados por una medida de aseguramiento decretada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la solicitud radicada por el Ministerio Público contra la deudora principal Jessica María Paz Castellanos en su condición de gerente general de la empresa Importaciones Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada (IMGRAL) y otros como fiadores solidarios y los deudores principales Dennis Alexander Paz Jiménez y Lucía Guadalupe Castellanos Mercado, al impedirle el Tribunal de Sentencia poder solicitar, acreditar, demostrar y recuperar los créditos hipotecarios que como tercero de buena fe y acreedor hipotecario otorgó a ciudadanos hondureños en base a la finalidad y giro comercial en el cual el ordenamiento jurídico vigente le autoriza, faculta y permite desarrollar su actividad financiera.

El escrito sigue que consecuentemente, el Tribunal de Sentencia con el razonamiento revelado restringe, tergiversa, disminuye y predetermina arbitraria y abusivamente los derechos y garantías de la institución bancaria, para acreditar ante el órgano jurisdiccional competente su condición legal de tercero de buena fe y acreedor hipotecario atentando con ello no solo poder recuperar su propiedad privada, sino también atentar contra su buena fama y nombre, lo que pone en riesgo su seguridad jurídica en el sistema financiero hondureño.