YA otra vez comienza a arder el bosque. Veamos. En propiedad privada no se pueden cortar árboles a menos que se disponga de permiso de la alcaldía. Sucede que, si azota el gusano descortezador para prevenir que no se infecten los otros palos, hay que acudir a trámites engorrosos ya que de lo contrario el propietario se arriesga a que lo sancionen por daños al ecosistema. Pero los que quieren lotificar les prenden fuego a las propiedades. Y en el apuro por limpiar, en un pequeño descuido, el fuego se riega descontrolado quemando zonas completas de bosque. ¿No les parecería entonces que una medida para evitar semejante despropósito sería que la alcaldía niegue el permiso de construcción sobre propiedades que han sido expuestas a la quema o en la vecindad donde hayan ocurrido incendios forestales? Cada año, cuando se queman cerros completos de bosque, los funcionarios encargados de proteger ese recurso natural salen con remedios ilusorios. Por ejemplo, dicen que la solución es endurecer las penas a los pirómanos.
¿Y cuántos pirómanos han capturado para imponerles las sanciones? Aunque les pusieran la pena de muerte de nada serviría, cuando a nadie capturan in fraganti metiéndole mecha al bosque. ¿En qué quedaron las investigaciones, el año pasado, de los incendios aquellos que arrasaron hectáreas completas allá por La Tigra, dizque fueron provocados por mano criminal? ¿Dieron con los culpables? Tenían pistas –reveló la autoridad– ya que cerca de allí estaban lotificando. De toda esa información que recabaron ¿en qué pararon las pesquisas? En nada. A nadie responsabilizaron por los siniestros. A nadie capturaron. Fueron entrevistas brindadas por los funcionarios públicos para salir del paso. Lo otro que suelen hacer es quejarse. “El subdirector del Instituto de Conservación Forestal (ICF), –leemos en una nota de prensa– lamentó que del 100 por ciento de los incendios que se registran a nivel nacional, el 44 por ciento se dan en zonas protegidas”. Serían tan amables de explicar a ¿qué institución estatal corresponde la protección del bosque y por ende el cuidado de las áreas protegidas? ¿No será precisamente al inútil Instituto de Conservación Forestal? Son eficientes dando estadísticas. Digamos, calculan que “la deforestación en el país, equivale a 20,000 hectáreas por año, mientras el 44 por ciento ocurre en áreas protegidas”. “Significa –ahora lo traducen a un cálculo aritmético– que 4 de cada 10 hectáreas son deforestadas en áreas protegidas y la preocupación mayor es que la presión va avanzando hacia las zonas de recarga hídrica”. Magnífico, se sabe el enorme daño que la pérdida acelerada de este recurso natural causa en la vida diaria. En lo insoportable del clima. En la falta de agua que se traduce en groseros racionamientos. Pero, ¿qué se hace para evitar que ello ocurra?
Pues quién sabe. Aparte de un chorro de palabras para ejemplificar el daño que ello causa a la sociedad. “Cada vez tenemos menos árboles; entonces el suelo se impermeabiliza, no hay infiltración, no se recargan los acuíferos”. “Lo más preocupante es que se han hecho estudios donde el nivel freático del agua se ha profundizado 14 metros; si antes perforábamos 3 metros y encontrábamos agua, ahora hay que perforar 17”. ¿Y cuál creen ustedes que es la solución a lo que sucede? ¿Comprometer al Estado a una estrategia de reforestación masiva? No. Es una súplica a la comunidad. Un llamado a la población para que “se posicione en contra de los que tanto daño le hacen al bosque”. Ven, ya estuvo. Y a continuación el funcionario ofrece una receta: “Que se integren las comunidades, que haya gobernanza en las comunidades, ahí se sabe quiénes son los enemigos del bosque, se sabe quién es el que depreda, el que tala el bosque cerca de las fuentes de agua o en las áreas protegidas”. Perfecto. Y si saben quiénes son, si saben quiénes son los enemigos del bosque ¿por qué la autoridad no precede a su captura?
