Política de asilos de EEUU: ¿”Deportación con escalas”?

GUATEMALA (AP) — Cuando tuvo un pequeño encontronazo con el auto de un pandillero en Honduras, un individuo que hacía entregas a domicilio se metió en líos: El accidente no había sido su culpa, pero no podía pagar por los daños y el conductor del otro vehículo amenazó con matarlo.

Temiendo por su vida, el hombre de 25 años y cabello enrulado se marchó a la frontera entre México y Estados Unidos y pidió asilo en este último país. Luego de pasar nueve días bajo custodia, fue subido a un avión en McAllen, Texas, y enviado a Guatemala. Las autoridades estadounidenses explicaron que debía esperar aquí la entrevista que constituye el primer paso en el proceso para solicitar asilo. Una vez programada esa entrevista, debía regresar para ser interrogado por un juez, indicó el individuo.

Pero eso no era cierto. El gobierno estadounidense lo mandó a Guatemala para que solicitase asilo allí en el marco de una nueva política que coloca a migrantes que dicen temer por sus vidas en manos del precario sistema de procesamiento de asilos de esta nación centroamericana, con escasos recursos y limitadas opciones.

Cientos de hondureños y salvadoreños han llegado a Guatemala desde noviembre. El hondureño fue uno de los pocos que iniciaron el trámite para solicitar asilo.

La mayoría vuelven a los países de los que escaparon en lugar de esperar ser procesados en Guatemala, lo que hace que algunos describan el programa de asilo estadounidense como una “deportación con escalas”.

Las leyes internacionales no permiten que un país deporte a una persona que solicitó asilo y la envíe al país del que escapó.

“Ellos básicamente sacan a la gente de allá (Estados Unidos) con mentiras”, dijo el conductor, que pidió no ser identificado por temor a represalias.

El hombre terminó renunciando al asilo. En febrero, dos meses después de llegar a Guatemala e iniciar el trámite, suspendió el proceso y viajó a México. Se quejaba de lo lento del proceso y de la falta de oportunidades de trabajo en Guatemala. Dijo que trataría de conseguir un permiso de trabajo en México, de ahorrar algún dinero y tal vez volver a intentar ingresar a Estados Unidos.

Cuando se le mencionó que el hondureño decía que lo habían engañado, si no mentido, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el programa de asilo “no funciona así”. Al no tener más información sobre la denuncia, añadió, no podía agregar nada más.

Desde que entró en vigor el programa en noviembre hasta la semana pasada, el gobierno estadounidense envió a 683 personas que solicitaban asilo a Guatemala. Esto es más del doble de la cantidad de solicitudes de asilo que procesó Guatemala en todo 2018. Pero solo 14, o el 2%, de los extranjeros solicitaron asilo aquí.

Washington selló acuerdos similares con Honduras y El Salvador, y Estados Unidos planea empezar a enviar solicitantes de asilo a esas naciones también.

Guatemala, Honduras y El Salvados constituyen el Triángulo del Norte de América Central del que salen la mayoría de los migrantes que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años.

Los acuerdos de cooperación en materia de asilos impiden a los solicitantes de asilo iniciar el trámite en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses dicen que el acuerdo con Guatemala se amplió y ya no abarca solo a los migrantes que llegan a El Paso, Texas, sino a los de toda la frontera con México. El servicio de inmigración no ha revelado públicamente cuál es el criterio usado para determinar qué salvadoreños y hondureños son subidos a los aviones, que tienen limitada capacidad.

El gobierno de Donald Trump, que desea reducir el flujo de migrantes, sostiene que estos abusan del recurso de asilo en un esfuerzo por quedarse en Estados Unidos y que si realmente enfrentan peligros en sus países, no deberían tener problema en ir a otra nación que no es la suya.

El mes pasado una coalición de organizaciones encabezada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (American Civil Liberties Union) demandó al gobierno estadounidense por estos acuerdos. Dice que Guatemala, Honduras y El Salvador no están en condiciones de procesar debidamente los pedidos de asilo ni tienen los recursos necesarios para proteger y asistir a quienes solicitan asilo.

Cuando una persona que pide asilo aterriza en Guatemala, es procesada por las autoridades y se le pregunta si quiere permanecer en Guatemala o regresar a su país. Se les da 72 horas para decidir y el apoyo del gobierno termina en el ingreso a las oficinas de la fuerza aérea que procesan los pedidos de asilo.

Generalmente van a un albergue para migrantes donde se duchan y analizan sus opciones. Si les interesa quedarse en Guatemala e iniciar el proceso, son derivados a una organización sin fines de lucro que los puede asistir.

Deberán pedir una cita con las autoridades guatemaltecas y la decisión definitiva puede demorarse un año. Durante ese tiempo, los solicitantes de asilo están librados a su suerte.

Yael Schacher, de la organización Internacional de Refugiados (Refugees International), entrevistó este mes a una veintena de personas que habían sido enviadas a Guatemala.

Aproximadamente la mitad de las personas con las que habló dijeron que no sabían que se dirigían a Guatemala cuando los subieron a un avión en Estados Unidos. Algunas pensaron que los transferían centros de detención en otras partes de Estados Unidos. Solo una de las personas con las que habló dijo que había decidido iniciar la solicitud de asilo en Guatemala, señaló Schacher.

Agregó que algunas de estas personas casi seguramente satisfacen los requisitos para recibir asilo en Estados Unidos ya que enfrentan riesgos claros en sus países.

Uno era un expolicía hondureño que dijo que una pandilla lo había amenazado de muerte porque había sido testigo de un delito penal. Su esposa y su hijo ya recibieron asilo en Estados Unidos por el mismo caso, pero él fue enviado a Guatemala. Schacher dijo que el hombre parecía inteligente y podía seguramente manejarse por sí solo.

Otro era un hondureño de 19 años presa del pánico porque no conocía a nadie en Guatemala, el resto de su familia estaba en Estados Unidos y él le escapaba a una pandilla que había violado a su hermana.

“Es el tipo de muchacho que en 72 horas, sin atención médica ni asesoría legal, no va a tener la menor idea de qué diablos hacer”, dijo Schacher.

Mucha gente ni siquiera se queda 72 horas en Guatemala, acotó.

“El tema de si estarán a salvo en Guatemala es irrelevante ya que nadie se queda”, manifestó. “El problema central es si la gente está regresando a sus países sin haber sido procesados debidamente”.

A pesar de tener escasos antecedentes en materia de asilo, Guatemala está mucho más avanzado que Honduras y El Salvador. En el 2018, Honduras tramitó 57 solicitudes de asilo.

Andrés Celis, representante de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas en Honduras, dijo que esa nación puede manejar una cantidad moderada de solicitantes de asilo. Pero una cantidad sustancial de solicitantes plantearía “retos significativos para el gobierno hondureño”.

En El Salvador el activista César Ríos, director del Instituto de Migrantes Salvadoreño, describió la unidad del gobierno que maneja las solicitudes de asilo como una oficina de “una persona con un escritorio”.

“Si no estamos preparados para atender a nuestra población, como sería para unas personas que lleguen” de afuera, dijo Ríos.

Este mismo mes, la ministra de relaciones exteriores de El Salvador Alexandra Hill Tinoco estuvo esencialmente de acuerdo. Dijo que su país no estaba preparado para procesar solicitudes de asilo en Estados Unidos y no las aceptaría hasta que pueda ofrecer las protecciones y el apoyo necesarios.

Funcionarios oficiales de Honduras y El Salvador no respondieron a pedidos de entrevistas.

El conductor hondureño que desistió de iniciar el trámite de asilo en Guatemala se encuentra hoy sin un centavo en el sur de México. Dijo que volvió a migrar porque nadie le daba trabajo en Guatemala. La organización que lo había ayudado dijo que pagaría el alquiler de una habitación por solo dos meses y que él no tenía forma de seguir pagando cumplido ese plazo.

“Si no hay trabajo, no se puede seguir esperando el asilo allí”, sostuvo el hombre. AP