Por Edmundo Orellana
Vino el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ofrecer una conferencia magistral sobre “Honduras y la Libertad de Expresión: Una Mirada desde la Relatoría para la Libertad de Expresión”, invitado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (CEUTEC-UNITEC).
El tema es actual y de especial importancia para los hondureños. No solo para los periodistas. La libertad de expresión es un derecho humano, no solo de los periodistas. Por eso, la importancia de que su abordaje sea total. Sin embargo, el señor relator se limitó a hablar sobre los delitos contra el honor, tema que preocupa a los periodistas, especialmente.
Pero hay otros temas en relación con la libertad de expresión que el señor relator omitió en su conferencia magistral, tan o más importantes que los delitos contra el honor. Por ejemplo, la ley que permite canjear impuestos por publicidad a favor del propietario del medio de comunicación.
Es cierto que es injusto que el periodista esté limitado en su función de investigar a los funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber por la amenaza de un juicio penal en su contra, porque el ejercicio de estos funcionarios debe ser sometido al escrutinio público continuamente. Es más, es un deber investigarlos para tener seguridad de que actúan apegados a la ley y a los intereses nacionales. Su investidura no es un privilegio, es una carga pública que le impone actuar al servicio de los usuarios de la función o del servicio público al que están destinados y del público en general. Lo mismo puede decirse, siguiendo jurisprudencia de la CIDH, de aquellos personajes del sector privado cuya labor prominente trasciende a lo público, como dirigentes gremiales, directivos de grandes corporaciones y, en general, todo aquel que exponga su figura al escrutinio público.
Para un pueblo debidamente informado se requiere de una prensa sin miedos. Y miedo es el que tiene el periodista para informar sobre los hechos ilícitosde aquellos personajes.
En nuestro país, sin embargo, las amenazas contra la libertad de expresión no son solo de este tipo. También provienen de programas como el previsto en la citada ley que permite canjear impuestos por publicidad.
Se trata de una ley que favorece al propietario del medio de comunicación y que se extiende hacia todas las empresas relacionadas. Consiste en un acuerdo entre el Presidente de la República, que decide discrecionalmente a quién favorecer, y el medio de comunicación favorecido, en el que se identifica la publicidad canjeable. Estos acuerdos, que pueden ser revocados en cualquier momento que lo estime oportuno el Presidente, se formalizan paralelamente, y sin perjudicar, a los contratos de publicidad normales entre gobierno y medios de comunicación. Es evidente, entonces, el propósito de estos canjes.
El gobierno ya no es más el censor de los medios de comunicación. Ese papel pasa a ser del propietario del medio de comunicación que se acoge al programa, porque de permitir comentarios o noticias que afecten al gobierno se exponen a la revocación del acuerdo. En otras palabras, la información que llega al público será la que conviene al gobierno, pero esta distorsión no la imponeeste, sino el propietario del medio de comunicación.
El medio que se acoge a este programa pasa a ser un sirviente del gobierno y, por ello, se convierte en un arma letal contra el derecho humano de la libertad de expresión, envileciendo, de paso, la profesión del periodismo. Esa ley es, definitivamente, un atropello al derecho de libertad de expresión. Y el señor relator lo omitió en sus comparecencias. No porque lo ignorase, porque es su deber estar informado sobre el tema en relación con todos los países; además, reciben, previamente, toda la información pertinente al tema a abordar. Decidió conscientemente no hablar sobre el tema y, con ello, contribuye a legitimar y perpetuar el atropello a la libertad de expresión; en otras palabras, se puso del lado del gobierno represor de la libertad de expresión.
Un medio censurado es tan o más letal para la libertad de expresión que la amenaza de un proceso criminal contra un periodista, porque el medio censurado miente al informar o siembra en el imaginario popular prejuicios que favorecen al gobierno, creando una sociedad desinformada. Ambos casos son malos, por supuesto, pero es peor el primero porque convierte al periodista en un sicario de la libertad de expresión.
Muy mal debemos andar cuando hasta los extranjeros vienen a apoyar al gobierno en su represión contra las libertades públicas. Por eso, debemos elevar nuestra voz para exigir que cesen los atropellos a la dignidad humana, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Yusted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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