Más de 1 millón de niños siguen fuera del sistema educativo en Honduras

La gratuidad de la educación declarada en el artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación como derecho humano se está violentando a los niños y niñas de Honduras, según un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Para esta instancia de sociedad civil es “inaceptable” que a la fecha más de 1,100,000 niños, entre 3 y 17 años, no estén matriculados en la escuela, motivo por el cual el fortalecimiento de la educación pública es un asunto de interés nacional que debe ser considerado de prioridad en la agenda nacional.

 En ese sentido, las organizaciones de sociedad civil y de desarrollo, academia, iglesias y sector privado, exigimos al Estado de Honduras una acción pronta, diferente, pertinente y efectiva para dar solución al problema de la exclusión escolar.

Una investigación de la ASJ documenta que un padre de familia invierte unos de 14,200 lempiras al año en la educación de sólo uno de sus hijos, mientras que el salario mínimo ronda cerca de L. 8,910.

Según la ASJ, “es imperativo que en los centros educativos del país se detengan las medidas que implican exigencias económicas a los padres de familia y que el Estado atienda esos gastos que acaban perjudicando el acceso gratuito a la educación para los más vulnerables”.

Este miércole, esta institución de sociedad civil  emitió una serie de medidas de implementación inmediata para garantizar el acceso a la educación de más de un millón (1.1)

La propuesta de la ASJ resumen en:

1.       Una segunda matrícula a finales del mes de marzo, precedida de un accionar de cada centro educativo y de sociedad civil, para asegurar que al menos 100 mil niños y niñas reingresan a los centros educativos a nivel nacional.

2.       Eximir del uso del uniforme escolar para la educación básica durante el presente año, entretanto el Estado provee de uniforme a los niños y niñas que no lo tienen.

3.       Limitar la exigencia de útiles escolares a un lápiz y un cuaderno; de tal manera que el Estado proporcione el paquete básico de útiles escolares en las escuelas públicas.

4.       Prohibir la exigencia de tareas impresas y que impliquen la consulta individualizada en Internet.

5.       La Secretaría de Educación debe hacer las previsiones de reubicación y contratación de docentes, a fin de que los centros educativos tengan cubierta su necesidad en las jornadas previstas.

Ante lo expuesto, instamos a las autoridades educativas a oficializar el llamado a una segunda matrícula y hacemos la exhortación para que, en un esfuerzo compartido, madres y padres de familia, docentes y sociedad en general sean vigilantes de este proceso que asegure que a ningún niño y niña le sea negado su derecho a matrícula por no tener uniforme o útiles escolares.