El gobierno decidió retrasar por tres meses el pago que tenían con los bancos estatales a las micro, pequeñas y medianas industrias del país, para permitirles que se recuperen de las pérdidas por la crisis del coronavirus (COVID-19).
La medida fue adoptada por el Presidente Juan Orlando Hernández, con sus ministros del Consejo Económico.
Los rubros beneficiados son agroalimentario, turismo, comercio e industria que se han visto afectados por la presencia del coronavirus en el país.
Todos ellos, más los otros que tengan préstamos con el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Bahprovi), no pagarán las cuotas en los próximos tres meses, monto estimado en unos 550 millones de lempiras.
Las tres cuotas que se van a readecuar en los préstamos no afectarán la categoría crediticia de los clientes de Banhprovi con la banca, aclaró el Consejo de Ministros.
Además, el gobierno pondrá a disposición una línea crediticia de 90 millones de lempiras en ese mismo banco, para reactivar aquellos negocios afectados con una tasa de 8.7 por ciento.
Los 90 millones de lempiras de Banhprovi estarán a disposición en cada institución bancaria, y son parte de los 2,400 millones de lempiras que se financiará con el Agrocrédito 8.7 para el sector agroalimentario.
REDUCCIÓN DEL GASTO
Por su parte, ministra de Finanzas, Rocío Tábora, dijo que reducirán el 2 por ciento del gasto corriente del presupuesto general, para destinarlo a la emergencia, según el decreto vigente aprobado el lunes pasado.
El decreto permite a Finanzas modificar las partidas necesarias dentro del gasto corriente, con excepción de las relacionadas a la compra de insumos médicos, alimentos para hospitales, cárceles y menores infractores.
También prohíbe crear nuevas instituciones y programas que alteren los presupuestos de las instituciones sin recibir el dictamen de impacto fiscal correspondiente y detallar la fuente de financiamiento.
El decreto prohíbe asimismo la creación de nuevas plazas de trabajo en el gobierno, con excepción de las que ya se habían proyectado en el presupuesto general.
Tampoco se permitirá la asignación de salarios por encima de los techos que se habían establecido en decretos anteriores, relacionados a disminuir la carga fiscal en este rubro.
