El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el martes al cubano-estadounidense Carlos Trujillo, actual embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para ser el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, anunció la Casa Blanca.
Trujillo, un abogado de 37 años que habla fluidamente español, también fue postulado para integrar la Junta Directiva de la Fundación Interamericana (IAF), un organismo autónomo del gobierno estadounidense para dar asistencia y promover el desarrollo de América Latina y el Caribe.
La Casa Blanca anunció en un comunicado la nominación de Trujillo, que aún debe ser confirmada por el Senado.
De obtener la venia, Trujillo se convertirá en el máximo diplomático estadounidense para asuntos de Latinoamérica y el Caribe, un cargo que actualmente ocupa de forma interina Michael Kozak.
El senador republicano Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y mentor político de Trujillo, celebró la nominación.
«Pocas personas entienden las complejidades y amenazas que nuestra región enfrenta actualmente como el embajador Trujillo», dijo Rubio en un comunicado.
Rubio, férreo opositor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, así como de la Cuba castrista que lo apoya, dijo que Trujillo «representa esmeradamente los intereses de Estados Unidos en la OEA y aboga por la defensa de los derechos humanos, la democracia y la estabilidad regional».
Trujillo, nacido en Long Island, pero criado en Miami, apoyó a Trump durante la campaña electoral de 2016 y antes de ser nombrado en la OEA en 2017, fue designado por el presidente para trabajar en las Naciones Unidas junto con la entonces embajadora Nikki Haley.
Durante su gestión en la OEA, Trujillo viajó en febrero de 2019 a la frontera colombo-venezolana para conocer de primera mano el programa de ayuda humanitaria que lidera Estados Unidos través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), recordó Rubio.
Trujillo también ha sido un duro crítico del gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, denunciando abusos de los derechos humanos en la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018 y abogando por sanciones económicas para presionar por la celebración de nuevas elecciones.(AFP)
