Barcelona (España), 26 mar (EFE).- Karla, hondureña, y Alba, boliviana, están pasando el confinamiento junto a ancianos con COVID-19, sin apenas material de protección y con la amenaza velada de que si salen de casa perderán el trabajo.
Carmen Juares, de la Asociación de Mujeres Migrantes, explicó a Efe que estos días muchas cuidadoras de personas mayores, la mayoría inmigrantes de Latinoamérica, están haciendo frente a la compleja situación con desigual apoyo de las familias, que en algunos casos les amenazaron con despedirlas si salen de la casa.
Entre esos casos está el de Karla, a quien la familia le obligó, bajo amenaza de dar por terminado el contrato, a cambiar su trabajo de 8 horas al día por quedarse de forma permanente durante el confinamiento, con el correspondiente peligro de salud también para ella y sin compensación económica extraordinaria, explica Juares.
«La familia se lava las manos y no va a visitarlos porque tienen miedo», señaló.
«Alba, boliviana, cuida a un matrimonio anciano que ha enfermado por coronavirus. Hace unos días ella también empezó a sentir tos y fiebre alta. No tiene papeles. La están monitoreando desde el ambulatorio -centro de salud local- por teléfono», ha explicado.
Juares explica que solo 3 de las 400 mujeres de la asociación que trabajan como cuidadoras recibieron el permiso de las familias para poder quedarse en su propia casa estos días sin dejar de recibir su salario.
UN SECTOR LABORAL EN PRECARIO
«Está claro que este sector de trabajo del hogar hace mucho tiempo que está precarizado, pero ahora se dan con esta emergencia situaciones muy duras», destacó Juares, también coordinadora del sindicato CCOO para este sector laboral.
Entre las faltas de derechos laborales de estas mujeres, muchas de ellas sin cotización a la Seguridad Social, está el de no tener derecho a prestación de desempleo, lo que les estaría obligando estos días a aceptar situaciones de riesgo incluso para su salud.
Estas mujeres también tienen miedo a que si se quedan sin trabajo se paralice su proceso de «arraigo social para los papeles», señalan sobre el proceso de permisos de residencia y nacionalidad que a menudo se encuentran tramitando.
El sueldo de la mayoría de estas cuidadoras, que trabajan toda la semana en casa internas, con solo 12 horas libres a la semana, ronda entre los 600 y los 800 euros mensuales.
REMESAS NECESARIAS PARA LAS FAMILIAS
«Estas mujeres son las que sustentan a familias enteras en sus países con el envío de remesas», recordó una de las coordinadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes.
«Hay compañeras que han sido despedidas por WhatsApp o que les han dicho que no vengan durante las semanas de confinamiento, por lo que se quedan en casa sin ningún ingreso y en cambio teniendo que hacer frente a sus gastos en su habitación propia, de comida, etcétera», denuncia.
Pese a todo, Juares señala que la responsabilidad última de la situación de las cuidadoras del hogar no es de las familias, que en muchos casos se ven abocadas a dar respuestas a sus necesidades precarias porque la administración no les da soluciones.
«No es un asunto solo individual, es un tema social. Es necesario que de una vez se profesionalicen los cuidados y se aporte más dinero a la ley de la dependencia», ha apuntado.
A raíz de la situaciones de despido que se producen estos días, la asociación está recogiendo dinero en una caja de resistencia que lleva recaudados alrededor de 6.000 euros, la mayoría procedente de aportaciones de compañeras.
