Esperanza para los hondureños
Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
¿Son las medidas adoptadas por algunos gobiernos de América Latina, las más acertadas para tratar de controlar el esparcimiento de la pandemia del Covid-19? Algunos expertos guardan sus dudas al respecto y miran con recelo las resoluciones decretadas por los gobiernos de aislar las ciudades sin proponer alternativas para rediseñar la economía y facilitar el suministro de bienes y servicios para los ciudadanos.
Aunque el aislamiento, la interrupción abrupta de la producción, y la circulación de las personas parecen ser las medidas más oportunas, no menos cierto es que, también están provocando el desabastecimiento de bienes y servicios, el temor al desempleo y una inminente aparición de la actividad ilegal del contrabando y del mercado negro. Pero también de otros efectos sociales no deseados, que no resulta tan descabellado tirarlos sobre la mesa de las discusiones, tales como un aumento de la delincuencia y posibles saqueos a los negocios.
La inmovilización productiva y del suministro de los productos básicos nos hace sospechar de que pueda ocurrir un posible desabastecimiento general. Con o sin dinero en mano, o con fondos que no puedan ser removidos de los bancos de manera expedita, los ciudadanos de los países pobres como el nuestro, han comenzado a sobrecogerse y a poner sus rostros más serios, después de unos alegres días conviviendo en familia. Sus preguntas acerca del futuro inmediato solo tienen una respuesta: quedarse en casa, mientras pasa lo peor. El problema es que, “lo peor”, no solo se refiere a una probable contaminación, sino también a la pérdida inminente de los empleos, y, por consiguiente, de los ingresos. Sin ingresos no hay consumo, sin este no hay ventas y -por tanto-, la tendencia de la productividad es hacia el descenso. Es decir, existen dos amenazas de las cuales, el público ha centrado la atención -y con justa razón-, en la más promocionada: la del COVID-19 sin reparar en el impacto de lo económico, cuyos efectos son no menos dañinos que aquella.
Un problema tan elemental como la paralización del transporte público y el cierre de supermercados y restaurantes, está generando pérdidas irreparables para empresarios y empleados. Al reducirse la oferta por parte del mercado, la demanda de la gente, como es lógico, comienza a crecer exponencialmente: las necesidades inmediatas por alimentos y servicios de primera necesidad se acrecientan de manera desproporcionada. Este momento es crucial para los gobiernos, muchos de los cuales se dedican al populismo concediendo subsidios, bonos y regalías como parte de programas de ayuda humanitaria. Los expertos aseguran, como es de suponer, que la ayuda solo llegará apenas a un 20 por ciento de la población.
Si los gobiernos y los empresarios le pusieran más voluntad al asunto, ya habrían pactado la reactivación de la cadena de suministros mediante un plan nacional de producción siguiendo disciplinadísimos protocolos de higiene y seguridad, desde los productores hasta los distribuidores sin interrumpir las actividades y sin imponer horarios de comercialización. Los cierres temporales no hacen más que provocar aglomeraciones de personas, tal como está sucediendo en este momento en Honduras. Los demás sectores no productivos pueden permanecer en cuarentena.
La incertidumbre de los ciudadanos se acrecienta con la ilusión generada por políticos irresponsables, sobre un posible abaratamiento en los costes de los servicios públicos y una reducción en el pago de los intereses bancarios sobre préstamos. La esperanza se avivaría si los empresarios, estimulados por el Estado, anunciaran la reapertura de la producción nacional, llamando a los empleados a integrarse a sus trabajos. Es la manera más inteligente de dinamizar el mercado sin causar estragos en la economía nacional.
