Hasta el viernes de la semana anterior, al menos 26 empresas de distintos rubros habían pedido, formalmente, suspensión de contratos de trabajo ante el gobierno debido a la crisis generada por el coronavirus COVID-19, según fuentes privadas.
Entre las solicitudes estarían algunas maquilas que perdieron sus pedidos en el exterior al haber cancelado las compras los clientes en países como Estados Unidos donde va la mayoría de exportaciones del sector textil, confección y arneses.
Las peticiones se basan en el Capítulo VII del Código de Trabajo: en el Artículo 99 establece que la “suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato”.
En el Artículo 101 explica que la “suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social”.
En este caso, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) “no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo”.
Los afectados también, se podrán agarrar de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono. Si interrumpe los trabajos sin dar el aviso, tendrá que indemnizar a los trabajadores con treinta 30 días de salario.
LA TRIBUNA intentó comunicarse con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, pero no respondió las llamadas al móvil. Pero el Presidente Juan Orlando Hernández se refirió a este tema en declaraciones a la radio HRN.
Afirmó que están trabajando en una propuesta para salvar los empleos formales, sin embargo, “estamos conscientes que el gobierno tiene que aportar, pero tiene que aportar el sector empresarial”.
“El empresario con mucha más razón que ha crecido y que ha tenido estímulos del gobierno por décadas, no pueden ser los primeros que le digan a su gente -váyanse a su casa” resumió Hernández. (JB)
