El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes cuatro resoluciones, las primeras desde que se instauró el 12 de marzo el teletrabajo en razón del COVID-19, mediante un procedimiento inédito por escrito difícilmente negociado durante 15 días y que suscita escepticismo.
El mandato de los expertos del organismo encargados del control de las sanciones a Corea del Norte fue prolongado hasta fines de abril de 2021, señalaron diplomáticos.
La misión de paz de la ONU en Somalia fue a su vez extendida hasta fines de junio y la de Darfur hasta fines de mayo. Una cuarta resolución que apunta a mejorar la protección de los Cascos Azules también fue aprobada.
“Todas fueron adoptadas por unanimidad” en un organismo que no se reúne físicamente desde mediados de marzo, señaló un diplomático.
La pandemia de COVID-19, que golpea duramente a Nueva York, ha hecho que en el Consejo se hayan creado “reglas a partir de la nada”, observó otro diplomático. “Se corría de todas maneras el riesgo de ya no poder actuar”.
Varios integrantes del organismo reclamaron funcionar por teleconferencia, pero Rusia se opuso echando mano a argumentos políticos y jurídicos y sólo aceptó consultas “informales” por video, negándose a votar por ese medio.
Tras una decena de jornadas de trabajo, los miembros del Consejo acordaron darse 24 horas al término de negociaciones secretas sobre proyectos de resolución para transmitir por escrito, electrónicamente, sus votaciones al secretariado de la ONU. Los resultados fueron compilados y posteriormente difundidos.
“No es lo ideal” cuando se trata de temas potencialmente conflictivos, coincidieron numerosos diplomáticos.
– “Permanecer activos” –
“El nuevo procedimiento de votación parece inútilmente burocrático”, dijo a la AFP Richard Gowan, del centro de reflexión International Crisis Group. “Puede tener sentido en temas corrientes, pero es absurdo y pesado si el Consejo debe reaccionar rápidamente ante una crisis aguda” explicó.
Con esta nueva metodología, “el Consejo intenta permanecer activo en condiciones muy apremiantes y poco propicias a las largas negociaciones y conciliábulos”, señala Alexandra Novosseloff, experta en Naciones Unidas en la universidad de París-Panteón-Assas.
Novosseloff descarta que se corra peligro de que textos que marcan el derecho internacional sean ahora más superficiales que antes. “Desde hace 75 años los proyectos de resolución son resultado de consensos que conducen a menudo a la adopción del más pequeño denominador común”, declaró a la AFP.
Las conferencias por video y votaciones por escrito permiten al Consejo “cumplir con su mandato” y son temporales. “No serán consideradas como un precedente en el futuro”, aseguró China, que ejerce en marzo la presidencia de esta instancia.
Por voluntad de su secretario general, Antonio Guterres, la sede de la ONU en Nueva York permanece abierta simbólicamente, aunque la casi totalidad de los miembros de su secretariado ya no van al local.
Guterres multiplica desde hace una semana las entrevistas y los discursos dramáticos, buscando demostrar que la ONU sigue funcionando.
Además de un llamado a observar un cese al fuego en todos los países en conflicto, de un resultado muy relativo, el secretario general alertó sobre los “millones” de muertes que podría causar el COVID-19 si no se produce una solidaridad efectiva con los pobres.
La Asamblea General está debatiendo resoluciones para plasmar esa solidaridad. Una de ellas fue promovida inicialmente por seis países -Suiza, Singapur, Noruega, Liechtenstein, Indonesia y Ghana – y cuenta actualmente con el apoyo de más de 160, sobre los 193 representados en esta instancia, dijo un diplomático.
