Por Edmundo Orellana
La embestida del coronavirus desnudó el fracaso de la política gubernamental de privatizar los servicios públicos, convirtiendo en mercancía la salud, la educación, la seguridad y demás servicios, sometiéndolos a las reglas salvajes del supuesto “libre mercado”; a la ley de la oferta y la demanda, abandonaron, pues, los servicios públicos, para lo que se prepararon debidamente.
Aprovecharon la criminal gestión a la que sometieron las instituciones autónomas para desmontar el “Estado Interventor” y “Estado de Bienestar” cuyo diseño nos legaron los arquitectos constitucionales de 1957, replicado en 1982, y que fuimos incapaces de construir. Pese a operar con carácter de exclusividad, con un mercado cautivo, no evolucionaron tecnológica, administrativa ni financieramente, por la corrupción y las políticas estatales que, desde que advino el régimen constitucional en 1982, minaron gradual e irreversiblemente las bases del Estado legado por los constituyentes del 57.
El crimen más atroz de este proceso privatizador fue la entrega de la salud, la educación y la seguridad a los comerciantes, que no son empresarios, porque estos, aunque animados por el lucro, se preocupan por la calidad del servicio, preocupación que, salvo algunas excepciones, no observamos en la prestación de los servicios concesionados.
En el sector salud, por ejemplo, los bancos, aprovechando ese proceso privatizador, adquieren hospitales, lo que hace suponer la adquisición de equipo de última generación; sin embargo, cuando un interno de esos hospitales entra en fase crítica, no dudan en remitirlo al IHSS porque sus equipos son superiores a los que ellos poseen; y eso que el IHSS de hoy no es más que los despojos que quedaron del salvaje saqueo reciente.
Las escuelas públicas de hoy no tienen la calidad de las que existían cuando estudiamos quienes hoy somos el apetitoso plato del coronavirus, porque Estado y dirigentes gremiales sumieron en un caos la prestación del servicio, ofreciendo la excusa a los reformadores neoliberales para pasar el servicio, en todos los niveles, a los particulares, algunos de los cuales no lo han hecho mal, pero la mayoría ha convertido la prestación del servicio en un mercado de pulgas de la peor calidad.
La seguridad pública ya no la presta el Estado; la prestan las agencias privadas de seguridad. En los barrios y colonias de las grandes ciudades, y hasta en algunas oficinas estatales, la seguridad es privada y, curiosamente, la normativa que la regula es, de las existentes para las actividades concesionadas, la más laxa, al grado de que no se sabe con certeza quiénes son sus propietarios, cuánto es su capital ni el armamento y su calibre; a esto agréguese el régimen laboral humillante que opera en su interior.
De este proceso privatizador no se escapó ni la justicia. El auge de los tribunales arbitrales, integrados dentro de la estructura de organizaciones privadas y operando como justicia privada, surge a costa del desprestigio de los tribunales civiles. ¡La justicia! Que según Friedman es, con las Fuerzas Armadas, lo que nunca habría privatizado. Por esta razón, cuando el público exigió un trato especial en el pago de los servicios públicos, considerando las circunstancias de emergencia que vivimos, un alto funcionario del Estado, con toda razón, contestó que no se podía porque los servicios públicos ya no los suministra el Estado. En otras palabras, se niega inescrupulosamente la esencia misma de nuestro régimen político que nuestra Constitución encierra en las fórmulas siguientes: “el Estado se constituye para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, porque “la persona humana es el fin supremo del Estado”. ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de gobierno constitucional?
Las condiciones para aplicar la “doctrina del shock” están dadas; de no prepararnos para evitarlo el post coronavirus será el escenario ideal de la generalización del proceso privatizador. Se impone, entonces, la reivindicación de los principios de la intervención estatal y del Estado Bienestar, para retornar al diseño original, cumpliendo con el supremo deber de respetar la dignidad humana.
Podemos evitar la infección quedándonos en casa, pero no la pandemia; igualmente, será inevitable el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, y la reducción de personal en las grandes empresas, provocando un desempleo masivo; emergencia que demanda medidas radicales: si no hay ingresos no se pagan deudas (en versión de Derecho Privado se llama “quita y espera”; en versión de Derecho Público, “de necesidad pública”); si no hay ingresos, el gobierno debe proveer alimentos; medidas que están adoptando los estados. Una población que acumula deudas y no puede atender las necesidades básicas de la familia, nos anuncia un post coronavirus peor que la pandemia misma, porque nos llevará a encontrarnos con las palabras (¡terribles palabras!) que signan el fracaso: “demasiado tarde”. Trágica realidad, culpa, en parte, del peor gobierno de la historia, que nos mueve a gritar con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!
Y, usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
