En San Pedro Sula inicia preliberación de reclusos

Las audiencias de libertad condicional y de preliberación, proceso impulsado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para beneficiar a más de mil 500 privados de libertad, iniciaron en los juzgados de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

Un juez decretó la libertad condicional para José Vidal Rivera Bonilla condenado por el homicidio en perjuicio de Ángel Antonio Calero. La diligencia judicial se efectuó en ausencia del encarcelado, ahora beneficiado por la decisión del juzgado.
El proceso continuó con la resolución de audiencias para atender solicitudes hechas desde semanas recientes, en esfuerzo judicial impulsado por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta Pérez y en coordinación con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, (INP).

Unos 1,565 reclusos recobrarían su libertad, favorecidos por esa medida para descongestinonar diferentes cárceles, trascendió luego de reuniones con funcionarios de la Defensa Pública y Jueces de Ejecución.

El plan de descongestionamiento impulsado desde el año anterior, incluye a 698 reos con preliberación; 816 con libertad condicional y 51 personas que padecen enfermedades en fase terminal o enfermedades del sistema nervioso central.

También cubre a mujeres que tengan hijos menores de 4 años dentro del centro penitenciario y que cumplan requisitos establecidos, de acuerdo con la iniciativa que se retoma en el contexto de la emergencia nacional ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

De acuerdo al artículo 76 del Código Penal vigente, “se podrá conceder la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena, en los casos de condena a reclusión que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya sufrido las tres cuartas partes de la pena, cuando esta exceda de doce años, y concurran además, en ambos casos.

Abarca las siguientes circunstancias: 1) Que el reo no haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad, por otro delito doloso. 2) Haber observado buena conducta durante su permanencia en el establecimiento penal y contraído hábitos de trabajo, orden y moralidad, que patenticen su arrepentimiento y propósito de enmienda.

3) Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los casos de delitos contra la propiedad y cumplido las demás obligaciones civiles, derivadas del delito, o demuestre su incapacidad económica para satisfacer las últimas”.

La Ley de Rehabilitación del Delincuente en su artículo 49 establece que el tratamiento pre-liberacional, comprende información y orientación con el interno y sus familiares, la concesión de mayor libertad dentro del establecimiento, el traslado a un institución abierta; y permisos de salida a fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien, salida en días hábiles con reclusión de fin de semana. (XM)

No aplica a delitos con penas graves
El plan de descongestionamiento de los centros penitenciarios, en ninguno de los casos será de aplicación a delitos con penas graves o relacionados a criminalidad organizada, según autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente de ese poder del Estado, Rolando Argueta Pérez, instruyó al director de la Defensa Pública, Manuel Antonio Pacheco, para que junto a la Coordinación de la Unidad de la Fase de Ejecución de la Pena se apersonen ante el Instituto Nacional Penitenciario a fin de que ese ente entregue los listados de privados de libertad que reúnen los requisitos.

El proyecto benefició a 3,838 privados de libertad en el 2019 (3,611 hombres y 227 mujeres) y a 214 (198 hombres y 16 mujeres) en lo que va del 2020.

Gracias al trabajo conjunto de la Defensa Pública, de los Juzgados de Ejecución y del Instituto Nacional Penitenciario, ha sido posible que este beneficio se aplique a esta población en condición de vulnerabilidad.

Este plan cobra una especial relevancia en este momento que el país afronta una emergencia sanitaria de carácter nacional, por lo que en la reunión sostenida este día se verificaron los avances concretos en el proceso de descongestionamiento de las cárceles del país y se establecieron las acciones de continuidad en el marco de la emergencia nacional.

RAÚL SUAZO BARILLAS
“Dejan por fuera a internos vulnerables”
El reconocido penalista Raúl Suazo Barillas, es del criterio que el Poder Judicial está dejando por fuera a los privados de libertad que están bajo la medida de prisión preventiva que tienen una situación de vulnerabilidad por su edad, condición física por ser diabéticos, hipertensos”.

“Esperamos que no sea muy tarde la decisión que ha tomado el Poder Judicial y esperamos que la Defensa Pública como los jueces de Ejecución trabajen lo más pronto posible”, expuso.

Sobre la población carcelaria pendiente de juicio oral y público, Suazo Barillas, dijo que la Corte Suprema de Justicia podría ordenarle a los jueces la revisión de los expedientes, tomando en cuenta que casi el 55 por ciento las personas que están privados de libertad y que están cumpliendo la misma en los centros carcelarios del país, tienen la medida de prisión preventiva, son personas que son inocentes y no han llegado a juicio”, detalló.

“Hay que tomar en cuenta varias circunstancias, porque hay delitos de bagatela, delitos con penas menores de cinco años y que estas personas se encuentran presas, porque no han solicitado una preliberación o una conmuta, una libertad condicional, en las cárceles hay un porcentaje de enfermos terminales y esto debería de analizarse también”, refirió.

NILIA RAQUEL RAMOS
“Propagación generaría foco de contaminación”
La abogada Nilia Raquel Ramos alertó que las cárceles se convertirían en un terrible foco de infección del COVID-19, en caso de llegar a propagarse en estos sitios.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) solicitó que se liberen a los privados de libertad por ese tema y países potencia mundial como Rusia ya lo comenzaron hacer, expuso.

En el caso de la cárcel de mujeres, lamentó que ellas están en un hacinamiento, sin comida, sin agua, esto será un foco de contaminación, esta pandemia será más fuerte.

“Viviremos momentos más duros, hay personas que no son de alta peligrosidad, se encuentran privados de libertad por un error que cometieron en su momento, ellos deberían de salir, además hay personas aptas para apoyar al gobierno en atención médica y hacer una labor social en la calle, colaborar para erradicar esta pandemia, creo que le dieron mucho tiempo a la vacatio legis, el Ejecutivo a través de un decreto debería de liberar privados de libertad para que salgan a sus casas a aislarse”, concluyó.

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