ONU condena asesinato de dirigente campesina hondureña durante desalojo de tierra

MA
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4 de abril de 2020
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04:32 pm
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ONU condena asesinato de dirigente campesina hondureña durante desalojo de tierra

Durante desalojo de tierras muere dirigente campesina en Marcovia, Choluteca (Video)

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó el viernes el asesinato de una dirigente campesina, ejecutado por guardias privados de seguridad durante el desalojo violento de un terreno en el sur del país.

Iris Argentina Alvarez Chávez, que integraba el grupo Cerro Escondido, fue asesinada el jueves en la comunidad de Los Chachos, municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, unos 100 km al sur de la capital, denunció la OACNUDH en un comunicado.

Añadió que “los integrantes del grupo campesino fueron desalojados violentamente por el personal de la empresa de seguridad privada al servicio de una empresa de esa zona, mediante disparos con armas de fuego”, quienes también destruyeron bienes familiares en el predio.

“Estas acciones dejaron como resultado una persona muerta, tres heridas y varias familias a la intemperie”, se quejó.

El grupo campesino emprendía un proceso de “recuperación de tierras” desde noviembre pasado, cuyo litigio fue llevado a los tribunales por la empresa que reclama la propiedad.

La OACNUDH recordó que en 2019 un grupo de trabajo de Naciones Unidas que visitó Honduras expresó su preocupación por el excesivo uso de la fuerza en numerosos desalojos de tierras por guardias privados, que a veces terminaban con muertos.

Honduras esta catalogado por organismos internacionales como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y de la tierra, por frecuentes asesinatos.

El caso más emblemático se registró en marzo del 2016 cuando fue asesinada la reconocida mundialmente ambientalista lenca, Berta Cáceres, por pistoleros enviados por una compañía que pretendía construir una represa en el oeste del país, lo que ella impedía con marchas indígenas.

Siete personas, entre pistoleros y dos empleados de la compañia, fueron sentenciados a 30 y 50 años de cárcel por el asesinato. (AFP)

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