Auditoría independiente de los recursos públicos
Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Contrario a otros países que han sabido construir un sector público sano, las experiencias en Honduras y en la región son claras en demostrar que los burócratas y los presupuestos de la República aumentan. Sin embargo cada vez resultan más pobres los datos en cuanto a la reducción de los mayores problemas. Mucho se va en salarios, en grandes inversiones sin priorización, en compras y contrataciones con enormes sobreprecios, en la corrupción institucionalizada.
En el ambiente que actualmente tenemos en nuestro país, con todos los poderes al servicio de la camarilla nacionalista que controla todo, los comportamientos son aún más escandalosos. La actitud común es utilizar los recursos a su antojo para alimentar los egos, para afianzarse en el poder, para comprar voluntades, para tranquilizar el apetito de la camarilla. Lógicamente que eso va cubierto con un barniz de legalidad y preocupación por la gente, a la que se atiende mezquinamente e indignamente, es decir con ayudas que poco alivian, atándolas a un compromiso de lealtad con el que reparte. En el fondo, los objetivos están en función de mantenerse en el poder y servirse de su presupuesto, ya que resulta peligroso caer en la llanura.
La actual situación de emergencia nacional requiere de la aplicación expansiva de las herramientas con que cuenta el gobierno. La caída en el ingreso de millones de hondureños debería aliviarse con un masivo y efectivo programa de subsidio de alimentos que requieren de una buena cantidad de recursos públicos y privados. Lo anterior implica una inversión sustancial en la adquisición y la distribución de los alimentos, oportunidad excelente para que los mecanismos de la corrupción que habitan en las estructuras de los gobernantes funcionen en perjuicio de los recursos del contribuyente. Por eso una de las prioridades en este momento es la implementación de un sistema que garantice el buen uso de los recursos en contra del coronavirus.
A cualquiera se le paran los pelos escuchar desde la Secretaría de Finanzas sobre los recursos invertidos en la emergencia. No es precisamente por el monto, que se queda todavía muy corto ante la gravedad de la crisis, sino por la cantidad que ya supuestamente se está utilizando sin un mecanismo efectivo que vele porque realmente eso llegue al más necesitado, porque esas compras se hagan a precios de aceptables, porque en todo esto no esté presente el sesgo partidario y las manos de los corruptos.
Ya se han escuchado, en varias ocasiones durante la emergencia, opiniones exigiendo limpieza en todo esto. Pero han pasado a un segundo plano seguramente aplacado por intereses particulares que no desean la intervención de ojos y oídos independientes. Seguramente calculan que pese a que el ciudadano sabe que esta vulnerabilidad frente al virus es el resultado de haber quebrado las instituciones públicas de salud, todavía existe una pequeña oportunidad de darle vuelta a las percepciones y presentarse como los falsos salvadores dentro de esta tragedia. Por ende, nada debería intervenir en su tardía oportunidad.
Además del dispendioso e ineficiente aparato estatal y sus comprometidos aliados, afortunadamente existe en Honduras una sociedad vibrante con numerosos gremios e instituciones, con la preparación y la voluntad de contribuir a enmendar muchas cosas en el país. No es una exageración: existen en el país capacidades que podrían hacer las cosas mucho mejor, poniendo los recursos al servicio de los más necesitados. Por lo anterior, es necesario exigir mecanismos verdaderamente independientes que se instalen para empezar a velar por el buen uso de los recursos aprobados, incluso antes de la emergencia nacional. De lo contrario, dentro de un par de semanas ya no serán mil millones, sino decenas de miles de millones de lempiras financiados con recursos del contribuyente o con deuda externa nueva, al servicio de los poderosos mecanismos de la corrupción institucionalizada.
