Honduras seguirá bajo alerta roja debido a pandemia de COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), a solicitud de la Secretaría de Salud, extendió hasta el 19 de abril la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras debido a la emergencia por COVID-19, a partir de este sábado.
La medida es adoptada conforme al establecimiento de la ampliación del toque de queda, debido al rápido contagio de COVID-19 en varios departamentos del país donde hasta el viernes había afectado a 392 personas de las cuales 24 lamentablemente han perdido la vida.
La alerta roja tiene como objetivo facultar al gobierno central en la ejecución de acciones, tanto a nivel nacional como local, para la contención de la propagación del virus sobre todo en los departamentos que reportan casos positivos de esta enfermedad.
Se mantiene además la autorización a las instituciones del Sinager, para que continúen con la habilitación de áreas de alojamiento masivo para atender casos sospechosos de COVID-19, así como acciones de respuesta para el abastecimiento de insumos en la red hospitalaria y la facilitación de alimentos en los hogares más vulnerables del país.
Sinager recuerda a la población que se mantiene vigente la prohibición para la realización de eventos que impliquen la concentración de más de 50 personas, medida que aplica para los centros de trabajo públicos y privados autorizados, quienes deben operar cumpliendo con mecanismos de protección para sus empleados y clientes.
En ese sentido se recuerda a las instituciones públicas y privadas que están obligadas a facilitar a sus empleados mascarillas, gel antibacterial, toma de temperatura, espacios para el lavado de manos con agua y jabón y otras medidas sanitizantes que impidan el contagio del Covid-19.
A la población en general se le recuerda que deben utilizar mascarillas y gel antibacterial cuando realicen acciones comerciales, ya que los supermercados, farmacias, gasolineras y bancos no deben permitir el ingreso de ciudadanos que no cumplan con las medidas de bioseguridad.
El incumplimiento o retraso en el acatamiento de lo antes dispuesto en materia de riesgos, implica responsabilidad administrativa, civil y penal para los infractores ya sean personas jurídicas o naturales.
