Por: Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Desde hace varias semanas, diferentes gremios e instituciones de nuestro país han insistido que desde el gobierno se deben desplegar todas las herramientas disponibles para atacar frontalmente la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias para millones de hondureños trabajadores y emprendedores. No es casualidad. Han sido muchos los descuidos, terribles los errores que se han cometido, exponiendo en estos momentos de emergencia al país en su incapacidad y vulnerabilidad. Un programa nacional sustentado por todo el país debería ser la respuesta.
Igualmente se ha insistido en que esto solamente tendrá éxito si se le atan las manos a la corrupción institucionalizada en la política y los negocios de nuestro país. Por eso el énfasis de diferentes sectores desligados del poder político ha sido en alertar que los programas de apoyo alimenticio como de cualquier otro de compensación no deben de caer en los poderosos mecanismos de la politiquería ni del mercantilismo, que sabemos no desaprovecharán ninguna oportunidad para sacar de esta tragedia una gran oportunidad para sus propósitos.
Sin embargo, desde el poder se hacen los sordos ya que desean actuar a sus anchas. Saben que dentro de poco la mesa estará servida con los millones que se han aprobado y con los organismos internacionales dispuestos a prestar a los países más empobrecidos y más vulnerables. No cabe la menor duda que algo de eso será cierto y que habrá acceso a nuevos recursos que engrosarán los presupuestos de la burocracia inepta y corrupta de nuestros países. Fatal para nosotros, ya que nuevamente los organismos internacionales, responsables en mucha medida del descalabro de los sistemas públicos y del mal uso de los recursos que ahora forman parte de la deuda externa de nuestros países, contribuirán nuevamente a una embestida contra el progreso de nuestros países, si no cambian su manera de trabajar.
Se trata de no escuchar sanas propuestas para el país, conducentes a un control estricto desde la formulación de las acciones, la planificación de su ejecución y la implementación misma. Pero los que detentan el poder maniobran nuevamente; buscan a sus aliados que puedan servir en estos momentos donde se requiere aparentar unidad, consenso y disposición para velar por el buen uso de los recursos. La respuesta ofrecida es una vez más mentirosa y no pasa la menor prueba de solidez.
En otros países, en los que la cultura democrática está menos amenazada, no hay tanto espacio para la farsa y el engaño. Los que se destacan como líderes se sienten comprometidos con ciertas conductas que deben respetar, ya que si no lo hacen sus ciudadanos se los recuerdan. Aquí no hay nada de eso. Los falsos líderes se erigen sobre las leyes y sus ciudadanos protegidos por el mismo aparato que ellos han creado. Por eso es que sin el menor rubor los que en los más oscuros capítulos del pasado reciente han estado alineados a los planes ilegales de JOH, ahora se prestan para los más absurdos papeles.
La dirigencia empresarial capitalina que dirige Sikaffy se presta a muchas cosas de interés para el gobierno y ahora supuestamente para velar por la pulcritud en el uso del dinero para combatir el COVID-19. Omar Rivera, nombrado en la comisión de limpieza de la Policía y en el FONAC por JOH, forma parte también del grupo que le dará coherencia y transparencia. Y así sucesivamente los enlistados en el supuesto papel de garantes, con todo el respeto que se merecen, no pasan la mínima prueba. En todos ellos hay conflictos de interés, favores que devolver, condiciones que no les permitirá ejercer imparcialmente, objetivamente y de manera firme el papel que en estos duros momentos le corresponde a los expertos desligados de los compromisos con el que ejerce el poder. Qué lástima para el país, ya que nuevamente se están abriendo las puertas para más corrupción y nuevos conflictos.
