Evidente cambio en el contexto tecnológico o digital
El notario como ministro de fe pública tanto física como electrónicamente
Por Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
No cabe la menor duda que la crisis que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19 o coronavirus, ha venido a dinamizar cambios necesarios en el campo tecnológico en nuestro país. Recordemos que hoy en día es mundialmente reconocida la importancia que tienen las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el desarrollo de cada uno de los países, razón por la que se torna un imperativo categórico la implantación de políticas públicas con distintos énfasis, habida cuenta que se advierte la marcada e impostergable necesidad de mejorar la calidad de la educación y salud, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y competitividad y, desde luego, hacer mejor gobierno a través de mayor participación y compromiso ciudadano.
El cambio tecnológico hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías, formas de uso, nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados de la tecnología. Es un proceso temporal y acumulativo, que incrementa la habilidad de los grupos para resolver sus problemas sociales, económicos y cotidianos.
Justamente por lo anterior aplaudimos y valoramos la decisión adoptada por varios sectores de nuestra sociedad, tanto en el ámbito público como privado, en lo relativo a la materialización de su tradicional cometido, aplicando ahora en esencia la tecnología.
CONGRESO NACIONAL. Justamente la semana anterior el soberano Congreso Nacional dio un paso cualitativo, importante y necesario al concretar su cometido central, mediante sesiones virtuales. El conocido webinar o sesión virtual no es más que el desarrollo en tiempo real y a través de internet de un evento, donde pueden realizarse presentaciones, ponencias e incluso debates entre personas situadas en distintos lugares, usando únicamente un navegador web, un micrófono y una cámara web, en caso de intervenir directamente en el mismo. Evidentemente uno de los requisitos fundamentales es que todos los diputados tengan el acceso al internet y que estén capacitados para su efectiva utilización.
Repárese en que gracias a este mecanismo ya no es necesario desplazarse desde los diferentes departamentos del país, hasta Tegucigalpa. Con el webinar se ahorran costos, no hay que desplazarse y se obtiene la información necesaria en tiempo real. Aplaudimos tal accionar y esperamos que hacia el futuro la bimodalidad (sesión virtual y presencial) se convierta en un accionar normal y efectivo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Este poder del Estado ha venido concretando una importante labor en el ámbito tecnológico, al grado que ya ha concretado la figura del juicio virtual para casos específicos; pero es de esperar que su cometido avance y que podamos hablar de una administración de justicia automatizada.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ya se han emitido una serie de instrumentos jurídicos y sabemos que se trabaja intensamente en la automatización de la Administración Pública, auspiciando la Contratación Pública Electrónica, las compras eficientes y transparentes por medios electrónicos, entre otras y que ya contamos entre otros instrumentos con la Ley sobre Comercio Electrónico, Ley sobre Firmas Electrónicas y la Convención sobre las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, lo que indiscutiblemente abre las puertas para que en nuestra querida Honduras exista un gobierno electrónico.
Creemos que el impacto destructivo que está generando el COVID-19 nos impulsa hoy más que nunca a lo señalado precedentemente, pues resulta un imperativo categórico el dar un salto cualitativo en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las TICs, tanto en la vida cotidiana como productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia, el gobierno y todo el Estado. Debe tenerse presente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) son una gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, que se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones.
Es procedente destacar que el sector privado está aplicando ya las nuevas tecnologías, pues en el caso de los bancos una significativa cantidad de operaciones de transacciones se pueden realizar por medios electrónicos. Algunos ejemplos serían: compras electrónicas, depósitos, pagos y retiros monetarios, etc. Además, ya se habla de los negocios virtuales.
En el ámbito educativo hemos podido apreciar cómo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) está actualmente impartiendo las clases en forma virtual, lo cual es digno de aplaudir. Otro tanto ocurre en el sector privado (centros del saber) que también están impartiendo clases virtuales. Obviamente, esto debería estar funcionando a todos los niveles educativos, tanto en el sector público como privado.
Para superar la crisis que se nos vendrá sería interesante implantar: 1. Documento Nacional de Identificación Electrónica; 2. El voto electrónico; 3. La vigilancia y cárcel electrónica; 4. La teleeducación; 5. La teleconsulta; 6. El teletrabajo; 7. administración pública automatizada; 8. La ciberseguridad y cibercriminalidad; 9. La telesalud, etc.
