Actores, discursos y comportamientos en contextos de las epidemias y la política de salud pública en Honduras, a propósito del COVID -19

Por: Yesenia Martínez

En 1891, ya finalizando el gobierno de Luis Bográn (1883-1891), el territorio hondureño fue invadido por la epidemia de viruela. Esta afectó el Caribe y parte del occidente de Honduras. Para atender esta problemática se encomendó al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central para que se elaboraran “las disposiciones relativas para combatir la epidemia…” . Dicha responsabilidad se le asignó al médico Miguel Paz Barahona (1863-1937), primo hermano y ahijado del presidente Bográn, y quien fuese presidente de Honduras entre 1925 y 1929.

En esta normativa se retoma la obligatoriedad sobre la vacunación, emitida desde 1888; además de atender la prevención de enfermedades infectocontagiosas, se hicieron recomendaciones para el tratamiento a la descomposición de restos humanos o de animales; para atender el cuidado con la contaminación del aire; sobre el compromiso de instalar establecimientos de lazaretos; se dieron directrices sobre las formas de entierros en momentos de epidemias, entre otras. Algunas de ellas ya estaban establecidas en la Ley de Policía de 1888.

Estos instrumentos fueron las primeras disposiciones del Estado Liberal para tratar y prevenir a las poblaciones en contextos de epidemias, y por supuesto, la primera intención de integrar a los médicos en la política sanitaria. Fueron de hecho, las primeras estrategias de la “salud pública”, novedoso concepto entonces.

Otro contexto clave en la historia de las políticas de salud pública en Honduras fue entre 1905 y 1906, cuando la población del Caribe hondureño vivió otra de sus mayores crisis de la historia contemporánea de Honduras en cuanto a epidemias se refiere. Se trata de la llegada de la fiebre amarilla, la que afectó la población del departamento de Cortés, entre los meses de mayo y septiembre de 1905, particularmente a las comunidades de Villanueva, Choloma, Pimienta y San Pedro Sula, todas cercanas a la línea del ferrocarril nacional, fue quizá la primera epidemia del siglo XX.

Con esto no se pretende desconocer más de cuatro siglos de epidemias. Es bien sabido que desde la llegada de los españoles todo el continente americano fue, además de un espacio de relaciones de dominio, un nuevo escenario cultural de migraciones y de nuevas enfermedades, estas a veces llamadas “las epidemias del viejo mundo”.

Para la región centroamericana y Honduras en particular, de los siglos XVI hasta fines del siglo XIX, se registraron epidemias de viruela, sarampión, fiebres neumónicas, fiebre amarilla, el cólera, entre otras; estas afectaron todo tipo de poblaciones, sin importar su identidad, género y edad. Los lugares más sensibles fueron las ciudades y los puertos caribeños, en particular donde estaba “la invención de la tropicalidad”, expuestos a la insalubridad, por el hacinamiento, la falta de infraestructura sanitaria, y por ser lugares de una dinámica migratoria y comercial.

El trato a la prevención o los fallecimientos de las víctimas dependió de diversas estrategias en el marco dos contextos históricos: primero, a las incipientes medidas sanitarias bajo la responsabilidad de la Iglesia en el contexto del Estado colonialista español; segundo, en el marco de los procesos de la formación de los estados nacionales entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya para entonces, este proceso se colmaba de pensamiento liberal de la política sanitaria, la secularización de cementerios, y correspondientes estadísticas oficiales y de urbanización para construir la imagen de las sociedades modernas.

Además, para estos años de inicios del siglo XX, los avances de la ciencia médica y del uso de los laboratorios en la mayoría de los países latinoamericanos, se integraban en la agenda de los proyectos sanitarios que encaminaban los gobiernos liberales. Justo en este momento se encuentra la discusión de la teoría de la transmisión de la fiebre amarilla, como parte de las demandas de la política sanitaria internacional. En este marco Estados Unidos y América Latina, y específicamente Cuba, fue el espacio para el debate y evitar la propagación de la fiebre amarilla.

En Honduras, para los meses de mayo a septiembre de 1905, esta epidemia afectó cientos de compatriotas y poblaciones de migrantes, que residían o se encontraban en los espacios de la línea del ferrocarril, desde Puerto Cortés hasta Villanueva. A pesar de su magnitud, la peste más fue una preocupación para las autoridades políticas y sanitarias de los departamentos de Cortés y Atlántida, que, para el gobierno central en Tegucigalpa, donde para esa época el medio de transporte era por 6 días en mula.

A la élite política, más le preocupó lo que sucedió meses después, cuando en los primeros días de febrero de 1906, una comisión de veintitrés funcionarios y autoridades de la sanidad pública de los EE. UU. y del servicio del Hospital Marítimo, empresarios y representantes de medios de comunicación de los estados del sur de EE. UU., llegaron a la ciudad de La Ceiba a buscar los posibles agentes del contagio, y a legitimar que era en el Caribe de nuestro país donde estaba el origen de la epidemia.

Lo sorprendente de esta situación fue, el encontrarse diversos actores involucrados para defender que en Honduras no estaba el foco del contagio, se trata del representante de la United Fruit Company (UFCO) en La Ceiba, las autoridades de la Junta de Sanidad y la población de La Ceiba y El Porvenir. Esta discusión permaneció hasta el mes de agosto de 1906. En parte se justificó porque ahí se encontrada la sede de la UFCO y la Vaccaro Brother Company, promotoras de las inversiones del banano y el ferrocarril desde 1899. Y por otro, se mostró un particular interés de deslegitimar la hegemonía del discurso sanitario de la salud estadounidense por acusar a las poblaciones subalternas (soldados de los cuarteles y obreros) como posibles agentes del contagio.

Todo ello parece interesante, aunque se llevaron de encuentro a otras poblaciones, a los negros de habla inglesa. A ellos, la Junta de Sanidad de La Ceiba y las autoridades municipales de San Pedro Sula los vieron como los candidatos acertados para llevar la fruta a los barcos y así no se perdiera el comercio del banano, o pagarles unos cuantos pesos para ser los sepultureros de los fallecidos. Los consideraron inmunes a la epidemia. Esto no fue más que la construcción ideológica de un discurso racial, el cual se consolidó en las dos décadas siguientes por parte de diversos actores (el Estado, los obreros mestizos, comerciantes del Caribe, y la élite intelectual y política), quienes provocaron la exclusión y construyeron un imaginario de la Honduras como una nación indo- mestiza.

Según Mariola Espinosa, historiadora de la salud y las epidemias para Puerto Rico y Cuba, para este momento de inicios del siglo XX estas discusiones sobre el origen de la epidemia de la fiebre amarilla se habían originado por parte del gobierno estadounidense, el cual estaba decidido a poner fin a la epidemia en Cuba, y con ello buscaba proteger a los estados del sur de una vez por todas. Esto sucedía como una de las condiciones para la obtención de la independencia, el nuevo gobierno civil de Cuba fue obligado a incluir en la constitución de la isla el compromiso de mantener las políticas sanitarias establecidas bajo el gobierno de ocupación militar; el no hacerlo podría resultar en una nueva intervención militar.

Por ello, se considera que lo ocurrido en Honduras entre 1905 y 1906 fue más una discusión política y geoestratégica, con particular interés en lo económico, que un discurso sanitario y de salud pública. Ejemplo de ello fue el comportamiento del presidente Manuel Bonilla (1903-1907), y la falta de apoyo económico a las autoridades sanitarias de la región; además reportó escasez de granos en toda la República, y las rentas públicas, a causa del cierre del comercio, y con ello justificó la crisis para importar maíz y otros productos desde Estados Unidos.

A pesar de ello, los inversionistas del banano no reportaron pérdidas. Lo cierto es que el gobierno no estaba preparado para atender la epidemia, no solo en cuestiones alimentarias y de presupuesto, sino también en la falta de una política sanitaria consolidada, no digamos en la ausencia o escasez de profesionales de la medicina, no digamos de la epidemiología. En parte se debió por encontrarse cerrada la Facultad de Medicina de la Universidad Central, ello por orden del mismo presidente Bonilla, además porque el poco presupuesto nacional más se destinaba a la guerra y a financiar los conflictos políticos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.

A la burocracia estatal del momento lo que más le interesó fue calmar la discusión entre la comisión sanitaria estadounidense y sus acompañantes, ante la defensa de los actores locales en La Ceiba (la UFCO, la Junta de Sanidad y la población). Esto fue porque ya se tenía un compromiso con la política internacional sanitaria, firmada en los acuerdos de la Primera Convención Sanitaria en Washington en 1902. En esta reunión participaron por primera vez catorce estados de América, entre ellos Honduras, donde envió por correspondencia a un delegado venezolano. El objetivo principal de este cónclave fue el de organizar la Oficina Internacional de la Salud, y de firmar los acuerdos para la prevención de las epidemias y las enfermedades infectocontagiosas.

Desde esta fecha y hasta 1924, cuando apareció por primera vez el concepto de sanidad en la Constitución hondureña, estas convenciones solo buscaban generar las mejores condiciones para el comercio y la economía transnacional. Se tenían las intenciones de construir el discurso panamericano de la salud. De alguna manera, esta crisis fue el inicio del vínculo de la salud nacional con la salud transnacional, ratificado y aprobado en el Código Sanitario Panamericano en 1924, en sesión celebrada en la ciudad de La Habana, en Cuba.

La discusión sobre el origen y el agente de contagio de la fiebre amarilla en 1906, parecía el fin de las epidemias en contextos coloniales, iniciadas desde la llegada de los españoles en territorio hondureño desde el siglo XVI. Fue así porque después la elaboración e implementación del Código Sanitario por el médico Ernesto Argueta en 1910, y su reglamentación por toda una generación de médicos y los gobiernos de turno, en su mayoría también de profesión médica, Francisco Bertrand (1913-1919), Miguel Paz Barahona (1925-1929) y Vicente Mejía Colindres (1929-1932), colaboraron entre otros colegas Ernesto Argueta, José Jorge Callejas, Samuel Laínez, Manuel Larios, colaboraron en su sentido formal en la construcción de la arquitectura legal e institucional de un Estado sanitario.

Para estas dos décadas, las principales enfermedades y fallecimientos fueron a causa de calenturas y fiebres diversas (la mayoría por paludismo), enfermedades intestinales y respiratorias, y ya se evidenciaba el aumento de muertes por violencia. Si bien hubo amenazas de epidemias como viruela, y el aumento de población afectada a causa de la tosferina, fue poca la población que falleció a causa del cólera, sífilis o sarampión, y prácticamente ninguna muerte por fiebre amarilla.

Según se registra en las estadísticas oficiales, entre 1911 y 1916, el total de fallecidos fue de 33,893 hombres y 33,718 mujeres, lo cual representó un 52.3% de hombres, y un 47.7% mujeres. De ellos un 45.3% eran niños menores de 10 años o población sin profesión, le seguían labradores, mujeres tortilleras y molenderas, jornaleros, costureras y modistas. En su mayoría se identifica como población hondureña, ladina y mestiza, con apenas un 1.4% de población extranjera.

Además, se dio un aumento en la población con padecimientos de tuberculosis y otras enfermedades propias de otro contexto histórico, vinculado a las malas condiciones sanitarias y de hacinamiento en los espacios agroindustriales en las ciudades y los puertos caribeños, en particular Tegucigalpa, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Trujillo, Olanchito, etc. A pesar de ello, era el momento de los esfuerzos de una élite de médicos en los problemas nacionales, pero con la falta de medicamentos y suficientes hospitales.

No cabe duda que hubo esfuerzo colectivo y de interés nacional, particularmente durante la década de 1910, con el deseo de insertarse a las demandas de la política transnacional de la salud. Así lo demostraron en el segundo semestre de 1919, con la llegada por primera vez al país del general W. C. Gorgas, higienista norteamericano, jefe de la Comisión de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller, quien había llegado a Nicaragua para erradicar esta epidemia, y a evitar se propagara en Honduras. Este médico también estuvo presente en la política de saneamiento en países como Cuba y Panamá en años anteriores.

El general Gorgas no solo vino a Honduras por este asunto, su visita se aprovechó para dar las directrices a los médicos y al Estado hondureño para la llegada de esta organización de la “filantropía”, con el objetivo de apoyar la reestructuración de la Dirección General de la Salubridad, el tratamiento de las enfermedades intestinales y la arquitectura sanitaria de las ciudades y los puertos.

Este mismo trato no se dio con la llegada de la gripe entre los meses de octubre de 1918 y septiembre de 1919, y llegó a conocerse como “la influenza española”. Esta epidemia se propagó desde Europa el último año de la primera guerra mundial, declarada abiertamente en España por las causas fatales de mortalidad. Al parecer se propagó por todo el mundo con el nombre de “gripe española”. Sin embargo, se ha especulado sobre su origen, que no fue en España sino en los Estados Unidos, y el posible traslado a Francia con la llegada de las tropas estadounidenses. Provocó la muerte de unos cincuenta millones de personas.

En Honduras se registran casos de fallecimientos por esta causa, afectando particularmente la población del departamento de Cortés en el Caribe hondureño. Según los detalles que se encuentran en los libros de defunciones de Choloma y de las actas municipales de San Pedro Sula, las autoridades políticas y sanitarias y menos en la prensa nacional, no la registran como una pandemia o epidemia que afectó la población hondureña, aún cuando provocó casi 50 millones de fallecidos en el mundo.

Lo cierto es que el Estado ocultó las víctimas, pero los registros de defunciones dejaron la evidencia. Solo para citar un ejemplo. En Choloma, entre los meses de octubre a diciembre de 1918, fallecieron 18 personas; de ellos 13 eran niños hijos de padres de oficios labrados y domesticas; dos mujeres domésticas, y tres hombres de oficios labrador. Todos hondureños, originarios de los departamentos de Santa Bárbara, Tegucigalpa, Yoro, Comayagua e Intibucá; la excepción fue un extranjero, de oficios labrador originario de Guatemala. Esta causa superó los fallecimientos por la fiebre de lombrices, la hidropesía y tosferina durante este año.

En San Pedro Sula, un año después, ya en noviembre de 1919, aún cuando se estaba atendiendo las labores de limpieza e higienización por causa de la heridos y fallecidos durante los enfrentamientos armados de agosto y septiembre de 1919 entre el Partido Liberal y el Partido Nacional se mostraba generalizada preocupación por instruir a la población sobre el temor de ser invadidos por la fiebre amarilla, y para combatir la denominada gripe que estaba afectando el departamento desde fines de 1918.

Según los informes médicos de la UFCO, después de la malaria, fue la influenza identificada como epidemia maligna durante el año de 1919 la que afectó sus divisiones en Cuba, Jamaica, Honduras y Guatemala, obligadas al aislamiento y cuarentena. Pero en Honduras para este momento no fueron consideradas las disposiciones sanitarias, a excepción cuando se propagó la fiebre amarilla en 1905, los miembros de las Juntas de Sanidad y las autoridades políticas de los departamentos afectados, consideraron cerrar los centros educativos, las fronteras, el comercio, talleres y fábricas, se establecieron cordones sanitarios y hospitales móviles; se buscó el aislamiento de la población con la cuarentena, y se difundieron campañas de higiene y limpieza individual y de los espacios, es más las autoridades municipales cerraron sus sesiones ante la falta de vecinos.

Hoy en día, un siglo después, todas estas medidas siguen siendo las mismas, aunque hay sus diferencias. El Estado sigue con igual comportamiento. Busca como principal aliado a la policía y los militares. La diferencia es que hace un siglo existía la policía sanitaria, quienes eran los actores responsables de hacer cumplir la ley y los reglamentos de sanidad y en momentos de epidemias.

Otra diferencia está, que ahora en pleno siglo XIX, se desconoce si hay una comisión nacional por la magnitud del caso, donde se integre a los profesionales experimentados y con conocimiento científico, e irresponsablemente se sigue dando prioridad al discurso político, a la ausencia de un informe con veracidad de las estadísticas de los afectados. A ello se agrega, que ahora se tiene el acceso a la radio, la televisión y las redes sociales, pero con poca responsabilidad social de informar, o de jugar un papel importante como actores directos en la concientización y de divulgación de una verdadera campaña de prevención.

Para la epidemia de 1905 la población del departamento de Cortés huyó en búsqueda sus familiares al interior del país; otros fallecieron y no pudieron enterrar sus víctimas. Y con la gripe de 1918, que quizá afectó cientos de hondureños, no se asumió como una epidemia mundial. Hoy en pleno siglo XXI, a pesar de los avances de la ciencia médica, de las tecnologías y la capacidad científica, y de vivir en un mundo globalizado, pareciera que el temor y la incertidumbre es el mismo de un siglo atrás o peor. Aquí es cuando la historia se vuelve cíclica, cuando este problema de la pandemia o epidemia pareciera estar en el mismo punto y en el mismo tiempo de la historia contemporánea de Honduras.