OACNUDH observa con preocupación el incremento de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las diferentes fuerzas del orden en el marco de operativos de control del cumplimiento del toque de queda y de otras disposiciones del estado de emergencia por COVID-19.
En un incidente ocurrido el 24 de abril en la comunidad El Paraíso, en Omoa, Cortés, dos hombres resultaron heridos con arma de fuego en un operativo de control llevado a cabo por agentes de la Policía Militar del Orden Público y uno de ellos falleció al día siguiente en el hospital.
La Oficina también está dando seguimiento a denuncias sobre utilización de armas de fuego contra manifestantes en un operativo de desalojo llevado a cabo el 23 de abril por la Policía Nacional en la comunidad Las Metalias, en Tela, Atlántida. Según la información recabada, habrían resultado heridos dos manifestantes.
Asimismo, OACNUDH registró una denuncia de malos tratos durante la detención de un hombre en el municipio de Protección, Santa Bárbara, en un operativo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos hechos se suman a otros sobre uso excesivo de la fuerza que se han venido presentando desde el inicio de la crisis.
OACNUDH insta a la investigación de los hechos de forma pronta, imparcial y exhaustiva para identificación y sanción de las personas responsables, iniciando inmediatamente y de oficio.
La Oficina resalta que todas las operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, aún en los estados de emergencia, deben guiarse de acuerdo a las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos.
La Oficina reitera su disponibilidad de apoyar técnicamente al Estado para garantizar la incorporación de los estándares internacionales en las investigaciones de violaciones de derechos humanos.
OACNUDH recuerda que la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento.
Incluso durante un estado de emergencia, las fuerzas de seguridad sólo deben utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
La violación del toque de queda o de medidas de bioseguridad no justifica el recurso al uso excesivo de la fuerza; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de la fuerza letal .
“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable”, declaró la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Y añadió que “en determinados países, miles de personas han sido detenidas por violar el toque de queda, una práctica que es a la vez insegura e innecesaria”.
Diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han mostrado preocupación por el incremento de la participación de fuerzas militares en funciones relacionadas con la seguridad pública en Honduras.
En este sentido, la Oficina recomienda al Estado excluir la participación de las fuerzas militares en las labores de control de la implementación de las regulaciones del toque de queda en el marco de la emergencia.
En caso de que participen de manera excepcional, estas deberían actuar bajo la supervisión de las autoridades civiles y rendir cuentas en la justicia civil.
La Oficina reitera el deber del Estado de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, aún en el marco de la emergencia; ello conlleva la obligación del Estado de dar a conocer los recursos judiciales disponibles, garantizar a las víctimas acceso a la información sobre las investigaciones, así como la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.
OACNUDH expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
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