Se deben medir riesgos previo a la reactivación económica, reitera la CCIT
Presentarán plan para reactivareconomía empresarial
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera, manifestó que para reactivar la economía en el país, se debe hacer un análisis de riesgo en cuanto al contagio del COVID-19.
En las últimas horas, empresarios manifestaron que están listos para reiniciar operaciones, y que al momento de reactivar sus empresas lo harán con todas las medidas de bioseguridad para proteger la vida de sus empleados y sus clientes.
El gobierno de la República ha mencionado que las empresas se irán abriendo paulatinamente de forma ordenada e inteligente para que el virus no se propague.
“La necesidad por todo este efecto negativo que tenemos en esta pandemia llama a apertura, pero esta también no es sencilla”, dijo.
“De acuerdo con expertos, no solo locales, sino que también internacionales, se debe iniciar a hacer una medición del riesgo total”, indicó.
Mencionó que esta medición de riesgo se debe hacer para cada una de las fases del virus, la de confinamiento y la de apertura.
“Esa medición debe de hacerla el Gobierno, empresa privada y expertos porque hay algunos elementos que todavía no se cumplen”, expresó.
Elementos:
“Uno de ellos es no tener casos por 14 días o que haya una disminución de casos en 14 días, aquí todavía tenemos problemas con los pruebas”, lamentó.
“La necesidad es imperiosa, somos un país pobre, cuatro millones de personas es la población económicamente activa y de esos hay un 60 por ciento que están en el mercado informal, son los cuenta propia, los día a día, los que tienen casi 40 días de no tener ingreso”, explicó.
“También tenemos que medir cómo va a ser el comportamiento de ellos”, manifestó en referencia a que medidas tomarán estas personas cuando la crisis alimentaria se agudice.
La empresa privada asegura que de reactivar la economía en el país lo más pronto posible, unos 100,000 empleos se estarían salvando.
No obstante, a la Secretaría del Trabajo ya han llegado unas 150,000 solicitudes de suspensión de contratos laborales porque las empresas no tienen para pagar planillas.
