Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*
Desde el 11 de marzo que se confirmaron los primeros 2 casos de COVID-19 en Honduras, se han multiplicado los mismos, existiendo alrededor de 500 pacientes positivos, de los cuales han fallecido alrededor de medio centenar, lo que ubica al país con una de las tasas de mortalidad más altas del continente. Si bien es cierto que parecen pocos casos para los pronósticos de los expertos en el tema, no puede dejar de mencionarse que el número de pruebas realizadas diariamente en el país es muy inferior a las aplicadas en países vecinos como Costa Rica, Guatemala o El Salvador, por lo que se considera que el número de casos positivos en Honduras es mucho mayor a las cifras oficiales que diariamente reporta el gobierno, dificultando con ello el combate eficiente del COVID-19, ya que no permite establecer un cerco epidemiológico en las zonas con mayor incidencia.
A la par del creciente número de casos de COVID-19, también suman y siguen los innumerables casos de corrupción en el manejo de los millonarios recursos asignados para el combate de la epidemia en el país. Históricamente, una de las principales fuentes de casos de corrupción han sido las declaratorias de emergencia realizadas por desastres naturales, epidemias o cualquier otra razón excepcional al amparo de la Ley de Contratación del Estado, ya que permite la adquisición de bienes y servicios de manera directa, sin necesidad de realizar licitaciones, por lo que se presta fácilmente para favorecer a personas, empresas y proveedores afines o cercanas a quienes tienen la potestad de adjudicar los contratos respectivos, y es que al fin de cuentas “en arca abierta, ganancia de pescadores”.
La llegada del COVID-19 ha sido el tiro de gracia para la maltrecha economía, ya que las actividades se han paralizado casi en su totalidad, al grado que organismos internacionales proyectan una contracción económica del 3%, sin embargo, para algunos cuantos ha sido como la “tabla de salvación”, ya que han podido realizar ventas millonarias de insumos médicos al Estado, bajo un esquema extremadamente favorable ya que además de recibir considerables adelantos para adquirir los bienes, es decir que “del mismo cuero salen las correas”, el precio de venta es considerablemente mayor al precio pagado por bienes similares, y es que si bien es cierto que los precios de los insumos han aumentado a nivel mundial a raíz de la emergencia, resulta evidente el aprovechamiento de los proveedores en Honduras, tal como ocurrió con el famoso caso de las percoladoras y televisores y con otros casos señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Además de lo anterior, hay que mencionar que varias de las empresas favorecidas con millonarios contratos, figuran como socios o administradores parientes de diputados y diputadas y parientes de funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes valiéndose de sus contactos han aprovechado para vender insumos a precios sobrevalorados, restando por verificar si efectivamente se cumple con la entrega de los bienes adquiridos y la calidad de los mismos, todo esto a vista y paciencia de los inoperantes órganos fiscalizadores del Estado y de algunos entes encargados supuestamente de realizar “veeduría social”, pero que más bien se han convertido en comparsas que pretenden legitimar los actos de corrupción que se cometen en el país durante la emergencia que se atraviesa.
Resulta ofensivo, indignante, inaudito que mientras varias personas han fallecido por el COVID-19 y que existen cientos de casos confirmados; que mientras los médicos, enfermeras, microbiólogos, y demás personal sanitario arriesgan sus vidas y su integridad por la falta de equipo adecuado, que mientras muchísimas personas hayan perdido sus trabajos y sus fuentes de ingreso, existan unos cuantos que hacen “clavos de oro” con la necesidad, y aprovechan para enriquecerse ilícitamente, dejando en evidencia que lo único que les interesa es su provecho personal. Que Dios y la historia se encarguen de juzgar a cada quien por sus actos.
Dios bendiga a Honduras y su gente.
*Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
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Twitter: @rpaganr
