Asunción, 30 abr (EFE).- La Fiscalía paraguaya ordenó este jueves la detención del extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Edgar Melgarejo y a otras seis personas por lesión de confianza por su presunta implicación en una compra irregular de 4.000 mascarillas para protección del personal de la Dinac.
Melgarejo presentó su renuncia el mes pasado a causa del escándalo, si bien mantuvo su inocencia.
La orden de detención incluye a Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chamorro y Fernando José G. De Brix, funcionarios del ente aeronáutico, así como Katherine Toñánez y Carlos Vargas, representantes legales de la firma Proyecto Global.
La investigación apunta que esa compañía fue la encargada de proveer de mascarillas a la Dinac por un precio superior a los ofertados en el mercado, en el marco de las medidas de prevención ante el COVID-19, que ha dejado nueve muertes en Paraguay.
Los siete implicados fueron imputados este jueves por lesión de confianza.
Además, el Ministerio Público consideró que existen «elementos de sospechas suficientes» para pensar que Melgarejo «habría autorizado la compra directa Vía Excepción con recursos propios de la Dinac».
«El señor Edgar Melgarejo, como titular del ente y siendo ordenador de gastos, y en su calidad de garante del patrimonio y conociendo el perjuicio patrimonial, habría autorizado la compra conociendo el detrimento negativo patrimonial para la institución», apuntaba la Fiscalía en su comunicado.
Melgarejo renunció a su cargo el pasado 16 de abril, tres días después de la apertura de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas.
Tanto la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) como la Fiscalía abrieron una investigación por una posible sobrefacturación de esa compra.
De acuerdo con la Senac, la Dinac pagó por cada uno de los protectores 29.990 guaraníes (4,67 dólares) del tipo «PFF2 S», que en el mercado local y a costo minorista tendría un valor de 15.000 guaraníes (2,34 dólares).
El extitular de la Dinac aseguró entonces que no aceptaba «ninguna responsabilidad con relación a los hechos», en los que no tenía «ni una participación».
«Fue un proceso fidedigno donde se compró algo necesario a un precio justo», dijo entonces.
