El Supremo salvadoreño resolverá nuevo pulso entre Bukele y el Congreso

MA
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1 de mayo de 2020
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09:23 am
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El Supremo salvadoreño resolverá nuevo pulso entre Bukele y el Congreso

San Salvador, 30 abr (EFE).- El Congreso de El Salvador desechó este jueves dos vetos del presidente del país, Nayib Bukele, a sendas iniciativas que buscaban facilitar el retorno de salvadoreños en el exterior y otra que pretendía garantizar los derechos humanos durante la pandemia de COVID-19, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá determinar cuál de los dos órganos tiene la razón.

Bukele citó razones constitucionales para frenar dichas iniciativas, que fueron impulsadas principalmente por los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

La Constitución salvadoreña señala en su artículo 138 que, si la Corte Suprema determina que un proyecto de ley vetado es constitucional, el mandatario estará obligado a firmarlo y publicarlo en el Diario Oficial para que entre en vigencia.

El decreto legislativo que, de acuerdo con los diputados, pretende facilitar la llegada al país de miles de salvadoreños varados en el exterior, contó con el apoyo de 60 de los 84 diputados.

El diputado oficialista Lorenzo Rivas, manifestó que el veto es una de las medidas que “ha permitido que no tengamos una curva muy alta” de casos de COVID-19 y que se mantengan “en unos niveles bastantes regulares o bajos, en comparación a los otros países de Centroamérica”.

El Salvador registró 18 nuevos casos del COVID-19, la cifra más baja en los últimos días, y los contagios llegaron a 395, mientras que las muertes ascendieron a 10.

“Es importante que retornen al país, pero también es cierto que cuando esta pieza se discutió no se escuchó a Cancillería” y “a todos los que tienen que ver con la logística, con los recursos” para llevar a centros de cuarentena a estos 4.500 salvadoreños, apuntó Rivas, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

El pasado 6 de abril, durante una cadena nacional de radio y televisión, Bukele manifestó que no permitiría el ingreso masivo de salvadoreños en el exterior por la falta de capacidad para mantenerlos en un centro de cuarentena.

“Si pasa eso (repatriación masiva), vamos a tener que soltarlos porque no vamos a tener la capacidad de mantenerlos en cuarentena segura” y “nuestro país colapsaría en un día”, sostuvo el jefe de Estado.

De acuerdo con la canciller, Alexandra Hill, el Gobierno comenzó con un plan de repatriación de salvadoreños en Belice, Guatemala y Honduras.

“Poco a poco, todos los salvadoreños volverán a casa, esa es la misión encomendada por nuestro presidente”, dijo la canciller durante el envío de un grupo de funcionarios a buscar a los salvadoreños varados, según la Cancillería.

Por otra parte, la iniciativa relacionada con los derechos humanos, y que está vinculada con un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, tuvo 56 votos a favor.

La oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional se mantuvo en contra de desestimar los vetos de Bukele, mientras que el minoritario Partido Demócrata Cristiano (PDC) se sumó al resto de la oposición.

“Qué bueno por la democracia y por los derechos humanos de los salvadoreños. Es preocupante que a nivel internacional se catalogue a El Salvador como un país donde se están violentando los derechos humanos”, manifestó durante la sesión la diputada Cristina Cornejo, del FMLN.

Por su parte, el demócrata cristiano Rodolfo Parker felicitó a sus compañeros legisladores “por lograr equilibrar en los contrapesos”, dado que “esta es una ley que busca proteger los derechos de los salvadoreños”.

El decreto señala que “durante el estado de emergencia todas las personas conservarán sus derechos y garantías fundamentales”, especialmente las de “derecho al libre tránsito” cuando sea justificado e inviolabilidad de la morada.

Los enfrentamientos entre el Congreso y Bukele vienen desde febrero pasado, cuando el mandatario ingresó al Palacio Legislativo escoltado por militares y soldados armados como medida de “presión” para obtener fondos para la seguridad. EFE

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