Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
No es el COVID-19 lo que más afecta a la sociedad política hondureña, pero sí la pérdida de credibilidad. Pareciera que una gran parte de actores políticos desmeritan las relaciones humanas porque en vez de buscar la honestidad, la congruencia y la rectitud, virtudes que la ciudadanía desea ver en ellos y en quienes los rodean, prefieren la ambición por acumular riqueza ilícita o vivir en un paganismo con todas sus malas costumbres, sobre todo, el de la inmoralidad pública y privada.
Por más que el gobierno hace todo por controlar la pandemia de manera efectiva y diligente, con una base de trabajadores públicos que, con toda una voluntad misionera, hacen lo humanamente posible por salir avante, los menos de la élite política tanto pública como privada, cometen irregularidades que redundan en actos delictivos, reflejando un abuso de poder e influencia al hacer un mal uso, aparentemente intencional, de los recursos financieros a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir ventajas ilegítimas de baja moralidad en forma secreta y privada.
Es un hecho medible que en tanto persista la desconfianza o la falta de credibilidad; el cimiento del liderazgo, tenderá a desmoronarse y las acciones de convencimiento para alcanzar una meta en común, no serán confiables y por lo tanto poco creíbles.
Construir la credibilidad no es fácil y toma tiempo, pero dadas las circunstancias que estamos enfrentando; la puesta en práctica de la transparencia, se hace imperativa. “La transparencia se construye a partir de los actores que se encargan de la veeduría en la administración de los fondos del Estado, es decir, que la fiscalización debe ser hecha por los órganos del gobierno con el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien debe observar y recomendar, medidas para el fortalecimiento de la transparencia, sociedad civil, empresa privada y medios de comunicación. El gobierno debería hacer más mediática la rendición de cuentas ante el pueblo”, (A. Sosa, 2020). Es una manera práctica, necesaria y de aplicación inmediata para evitar toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales. Que, al incurrir en ellas, impiden, retardan, dificultan y ponen en entredicho la buena voluntad del Presidente del Poder Ejecutivo.
La pandemia revela formas de corrupción como el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencia, la evasión fiscal, los fraudes, la malversación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.
En menos de 45 días, se ha perdido la poca credibilidad que se había ganado. El caso Invest-H, el más sonado por denuncias de distintos actores de sociedad civil, está causando mucho daño político al gobierno. No solo demuestra poca capacidad de manejo transparente de las compras, sino que genera dudas y la falta de una prudente y transparente política de adquisición de insumos para la bioseguridad. El manejo de las operaciones de compras ha sido bastante bien cuestionado, por sectores de la empresa privada y ciertas ONG, que demandan claramente un cambio del “modus operandi” de esa dirección del Estado. Las disculpas públicas no se dejan ver, y más bien, se observa una actitud soberbia en la justificación del proceso que se ha ejecutado.
La credibilidad no solo tiene que ser: tiene que parecer. Para fortalecer la credibilidad, el líder ejecutivo no solo debe alinear sus palabras a sus actos de manera consistente: tiene también que regir todos sus dichos y sus hechos de acuerdo a principios y valores claros. Tiene que ser creíble y parecer creíble. ¿Acaso esto no es así? ¿Hay o no conflicto de intereses? ¿Se maneja de manera íntegra las compras de insumos para la bioseguridad?
El primer paso para solventar cualquier problema de credibilidad es aceptar que se tiene un problema de credibilidad. ¿Es esto algo difícil de aceptar? ¿Hasta qué punto los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público están afectando el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión? La auto exoneración corre un riesgo enorme, porque un error puede dañar la credibilidad y no reconocerlo destruirla. Tampoco la distancia entre lo que se dice y la realidad debe ser de mucha distancia. Las explicaciones fundamentadas del porqué existe la sobrevaloración de precios y del porqué es así es indispensable para darle un golpe a la desconfianza, si son convincentes.
Si hay un funcionario del equipo del mandatario que daña la credibilidad, debe cambiarlo. Y hacerlo a tiempo. Sostener en el cargo a un funcionario que es denunciado por irregularidades hay que removerlo antes de que se convierta en el “Titanic” de la administración.
