Por: Edmundo Orellana
Siempre que el país ha sido azotado por algún fenómeno natural se auxilia a los empresarios afectados con condonaciones, donaciones y exenciones de cargas públicas. Los empresarios agrícolas son de los más favorecidos en estos casos; BANADESA es la institución que más condonaciones registra motivadas en estos acontecimientos.
Son circunstancias extremas que justifican decisiones radicales. Esa fue la acción del Estado tras el paso de los grandes huracanes que devastaron el país. Sin embargo, también se otorgan este tipo de medidas en otras circunstancias muy distintas a las descritas, como es el caso del tratamiento especial que se otorga a los empresarios cuando inician operaciones en rubros estratégicos o señalados por la ley, para recuperar la inversión inicial. Regímenes especiales vigentes en el país beneficiaron y benefician, hasta por muchas décadas, a grandes empresarios (exención del pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo); es decir, lo siguen gozando muchas décadas después de que, supuestamente, recuperan la inversión inicial.
En este supuesto se encuentran, según lo denunciado por más de una de las interventorías a las que ha sido sometida la ENEE, algunas de las térmicas (y, seguramente, algunas de las que suministran energía de otro tipo), que reciben al año miles de millones de lempiras pese a que no siempre se sabe con certeza, según denuncia de esas interventorías, cuánto suministran al año.
Las consecuencias devastadoras del coronavirus serán atendidas con medidas de este tipo, en el caso de los inversionistas. Los daños que provocará la pandemia en sectores como la construcción, la hostelería, el turismo, el transporte y otros, serán inmensos. El auxilio del Estado se impone, inevitablemente, con exenciones tributarias, condonaciones y préstamos en condiciones especiales.
Negar el auxilio estatal, en estas circunstancias, es reprochable. Y lo es más, cuando comprobamos que se condona anualmente el pago de intereses, recargos y multas a quienes no pagan sus impuestos municipales en el plazo establecido para ello. Esta es una negligencia inexcusable, imputable al deudor; aquellas circunstancias, en cambio, ocurren por factores imposibles de prever y de controlar, desbordan, en otras palabras, la capacidad de prevención del actor.
A lo anterior, debe sumar, el distinguido lector, lo que por corrupción fluye del presupuesto nacional hacia los bolsillos privados, que, según datos confiables, es del orden de miles de millones anuales.
Empresarios y funcionarios son los que se benefician en estas circunstancias. El pueblo, en cambio, siempre es la víctima. Como se comprueba en esta pandemia.
No existe, entonces, explicación razonable alguna para negar a quien lo necesita el auxilio en la emergencia más grave que haya enfrentado el país en su historia. Si se han condonado miles de millones de lempiras en el pasado para los sectores productivos, ¿por qué no se otorgan beneficios similares al usuario que no puede pagar los servicios públicos, sus obligaciones tributarias y sus préstamos? Es más, en el gobierno de Maduro, el Congreso Nacional aprobó condonaciones de préstamos otorgados por la banca privada, lo que significa que fueron asumidos por el Estado.
¿Qué le espera al país con una población agobiada por las deudas? Deudas impagables y, en su mayoría, con el Estado como acreedor. Es impensable que el Estado (que debe operar como un padre de familia para sus nacionales) someta a tales vejaciones a su propia población.
Si el gobierno no acepta la condonación, que ya es una injusticia en alto grado, al menos debe aceptar la suspensión de los pagos al Estado. Que el usuario del servicio o deudor tributario pague cuando tenga la capacidad de hacerlo, sin intereses moratorios, recargos o multas.
El mismo tratamiento debía tener el deudor moroso con los bancos, que haya sido despedido o suspendido de su trabajo.
En ambos casos, el acreedor es solvente y puede, sin sufrir daños irreparables, esperar que el pago se haga efectivo cuando sea posible.
No nos hagamos ilusiones, sin embargo. Vivimos en un país que el Estado de Derecho es una abstracción, vigente únicamente en el texto constitucional, y el bienestar una quimera que jamás ha migrado de la Constitución.
Para que desterremos la injusticia de Honduras y nos convirtamos en un Estado de Derecho operativo y en un Estado Bienestar real, debemos comenzar, desde ahora, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
