Rafael Delgado
Para todos los países del mundo la pandemia ha resultado ser un evento inesperado que ha puesto ante situaciones jamás vistas a los gobiernos del mundo. Pero hay enormes diferencias de país a país. En el caso nuestro, además de la sorpresa, la emergencia encontró a las instituciones públicas debilitadas y vencidas por la corrupción. Ante esta realidad conocida por todos, el comentario popular era que nuevamente se haría fiesta con los recursos.
Por eso se exigió desde un principio que la intervención del gobierno debería estar acompañada de honradez en el gasto. Después de más de dos meses de declarada la emergencia sanitaria, sigue más vigente esa exigencia: las compras no deben ser un secreto de Estado; debe ponerse a los más entendidos y ajenos al círculo del poder a programarlas y a ejecutarlas. Es evidente, además la urgencia de un sistema de difusión de la información de fácil acceso para los ciudadanos, que publique la información al día sobre las características de las compras, qué necesidad cubrirán, quiénes son los proveedores, qué precios se ofrecieron y a qué precios finalmente se compró. Los controles externos que deben funcionar para asegurar limpieza deben ser concurrentes y ejecutados también por organizaciones expertas de reconocida trayectoria, sin ninguna sospecha de conflicto de intereses para emitir dictámenes y recomendaciones apegados a la realidad.
Todo este desastre en las compras tiene su explicación. En medio de la crisis política por la que ha transcurrido el país en los últimos años, no es experiencia y talento lo que ha requerido el gobernante. Ha necesitado en primer lugar de personas de probada lealtad a sus planes y con disposición de defenderlo. Esto se nota de lejos y no hay manera de esconder esa regla que ahora más que antes orienta todas las instituciones del país. Lo fatal es que difícilmente se puede conciliar la sumisión requerida con talento para enfrentar los problemas.
Pero hay algo adicional. La debilidad dentro de las instituciones ha despertado el apetito de muchos cercanos al poder. Los falsos argumentos que los corruptos ponen en boca de las autoridades sobran para justificar los exorbitantes precios y las adquisiciones de baja calidad.
Estamos en un mercado donde el oferente tiene el poder de negociación; competimos con el poder de otros grandes compradores; tiempos cortos de entrega se pagan con altos precios. Son argumentos que tendrían algún sentido con funcionarios con comprobada capacidad y sinceridad, pero que definitivamente quedan en un segundo plano cuando nos damos cuenta de la complicidad, la cercanía y aún más del parentesco entre las autoridades públicas y los vendedores; entre los ejecutores de los fondos y los auditores.
COPECO, SINAGER, INVESTH, SEFIN, SESAL, IHSS, son las instituciones que desde un inicio se les dio amplios poderes para que manejaran y ejecutaran fondos; para poner en funcionamiento los “mecanismos especiales” de contratación directa de obra pública, adquisición de bienes y servicios, así como de licencias y plataformas electrónicas. El decreto legislativo del 2 de abril incluso legaliza todo lo que previamente hubiera sido iniciado como compra directa por dichas autoridades. Mete además la ampliación de los contratos de concesión con los operadores de telefonía móvil como asunto de emergencia. Ellos deben rendir cuentas claras.
Ahora sabemos que los acontecimientos fueron rápidos y la veeduría social fue letra muerta. En efecto, se escogieron aliados que deberían prestarse para simular limpieza. Pero son actores que en su mayoría están comprometidos con el gobernante y en una densa trama de sumisión. El decreto legislativo del 13 de marzo, los decretos ejecutivos del 20 y 23 de marzo indican que los veedores serán COST, FONAC, COHEP, FOPRIDEH e iglesias. Pese a lo predecible de sus informes, habrá que pedirles entonces a estos veedores que rindan cuentas y nos indiquen sus hallazgos.
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