Acuerdo con FMI amplía a $530 millones acceso crediticio
El Fondo Monetario Internacional (FMI) amplió de 311, a 530 millones de dólares el acceso a crédito para financiamiento presupuestario al gobierno hondureño, al concluir ayer la segunda revisión al Acuerdo Stand By suscrito por un período de 24 meses en 2019.
La misión del FMI, encabezada por el economista de origen argentino, Esteban Vesperoni y el Gabinete Económico hondureño concluyeron ayer el segundo examen de las metas establecidas en el Acuerdo, en un ambiente de pandemia por Covid-19, completamente distinto a octubre del 2019 cuando aplicaron la primera revisión.
Al finalizar las reuniones virtuales, Vesperoni leyó el comunicado de costumbre mediante videoconferencia donde manifestó, junto al personal técnico del organismo, que la pandemia por Covid-19 está teniendo un impacto adverso en las condiciones sociales y económicas del país.
Esto provocará una recesión en 2020, con una contracción esperada de la economía de aproximadamente un 3.3 por ciento, del PIB. Destacó que, las autoridades están desplegando una respuesta bien focalizada a la pandemia, estableciendo marcos sólidos de transparencia y rendición de cuentas.
FUERTE IMPACTO
El personal técnico del FMI y las autoridades de Honduras mantuvieron discusiones muy productivas sobre el apoyo del Fondo a las políticas económicas. Se incluyen, las medidas de emergencia implementadas por las autoridades a raíz de la pandemia del COVID-19, lo anterior está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
En este contexto, el personal técnico propone aumentar el nivel de acceso bajo las facilidades en Derechos Especiales de Giro (DEG) por $162 millones, aproximadamente $222 millones, llevando el acceso total de los DEG a 387 millones de dólares, en torno a $530 millones y completar la segunda revisión del programa.
La pandemia Covid-19 está teniendo un impacto adverso importante en las condiciones sociales y económicas en Honduras. Provocará una recesión en 2020, con una contracción esperada de la economía de aproximadamente un 3.3 por ciento.
Esto refleja el impacto de las medidas necesarias de mitigación para aliviar las presiones sobre el sistema de salud y proteger vidas, así como los grandes choques externos a través de las remesas, la maquila, el comercio, el turismo y las condiciones financieras externas. A la par, se proyecta que la pandemia genere aumentos en las necesidades de financiamiento fiscal y de balanza de pagos.
Las autoridades están desplegando una respuesta bien focalizada a la pandemia, estableciendo marcos sólidos de transparencia y rendición de cuentas.
SE ESPERAN MENOS INGRESOS
En este contexto y previa solicitud al Congreso del uso de la cláusula de emergencia contenida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el programa del gobierno prevé un déficit del 4 por ciento del PIB para el sector público no-financiero en el año 2020 y reorientaciones del gasto presupuestal no prioritario.
Este déficit sería generado por menores ingresos fiscales relacionados con la recesión, así como, por mayores gastos para contener el alcance y mitigar el impacto de la crisis sanitaria, humanitaria y económica causada por la pandemia.
Las autoridades también están adoptando medidas importantes de política monetaria y financiera para limitar el impacto de la crisis, incluidas reducciones en la Tasa de Política Monetaria, aumento de la provisión de liquidez, alivio del servicio de la deuda, e implementación de fondos de garantía.
En adición a la respuesta inmediata a la crisis, las autoridades ratifican su firme compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica mientras perseveran en la implementación de reformas estructurales necesarias para fomentar un fuerte crecimiento inclusivo.
SE MANTIENEN REFORMAS ELÉCTRICAS
En relación al programa apoyado por el FMI, las autoridades continuarán enfocándose en proteger el gasto social y la inversión, frente a la caída de los ingresos tributarios asociada con la desaceleración del crecimiento económico.
Asimismo, en implementar reformas en el sector eléctrico; fortalecer la política monetaria y los marcos de regulación y supervisión financiera; y tomar medidas para mejorar el clima de negocios y la gobernanza.
La misión sostuvo conversaciones con Wilfredo Cerrato; presidente del Banco Central de Honduras; Rocío Tábora, Secretaría de Finanzas; Ethel Deras, presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: y Miriam Guzmán, directora del Servicio de Administración de Rentas.
La misión también mantuvo reuniones con autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Desarrollo Económico.
Igualmente, con el Tribunal Superior de Cuentas, el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, la Comisión Interventora de la ENEE, el regulador y el operador del sector eléctrico, y representantes de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional. Así concluye el comunicado oficial del FMI sobre la segunda revisión del programa económico con Honduras. (JB)
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