Condiciones esenciales de buen gobierno
Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Si bien el término “corrupción”, suele ser analizado desde diferentes ángulos, conceptualmente solo es definido como “un acto contrario a la ley y al bien común aplicable a todas las personas que obtienen beneficios indebidos mediante procedimientos o acciones irregulares en menoscabo de los derechos de los semejantes”, inclusive en diversos estudios, intelectuales y académicos han ampliado el concepto calificando que es “una conducta contraria a la formación en valores y principios cuyo fin es obtener cierto tipo de poder para recibir reconocimiento, influencia y dominación social”.
Los alcances de este flagelo en América Latina son ilimitados y Honduras no escapa de esta problemática, esta pequeña nación centroamericana vive en una permanente conflictividad generada por el descontento social que provoca el abuso del poder, el tráfico de influencias, la debilidad de la institucionalidad democrática y un sistema de justicia deficiente y manipulado.
A pesar de las denuncias y los estudios documentales que se ponen a disposición de los entes judiciales, parece cada vez más difícil ganar una batalla a todas luces desigual, los casos de irregularidades alcanzan niveles insospechados, incluso en medio de una emergencia sanitaria en la que se supone los recursos destinados para atención de la misma, deben ser manejados con sumo cuidado y transparencia partiendo del hecho de que hay vidas en juego.
La cultura de la transparencia no es parte de las prioridades de la clase política de este país, por el contrario, mientras más oscuro el panorama es mejor para sus intereses, esos que se concentran en el abuso del poder público, el tráfico de influencias, la malversación de los recursos del Estado, el fraude, y la manipulación entre otras prácticas irregulares que surgen desde el Estado mismo.
¿Por qué es tan difícil erradicar la corrupción? Es una pregunta compleja cuya respuesta sigue siendo objeto de amplios debates y discusiones, la cultura de la impunidad es un problema ancestral que se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas, particularmente aquellas que ejercen autoridad desde un cargo específico.
La fragilidad institucional del país sigue poniendo en evidencia a los políticos y a las estructuras estatales, muy particularmente aquellas encargadas de investigar, documentar, acusar y juzgar, pareciera más bien que no hay un interés marcado de lucha por adecentar la institucionalidad en función de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y el Ministerio Público (MP), no gozan de la credibilidad ciudadana y su trabajo es constantemente rechazado, producto del parcialismo con el que se abordan casos puntuales, y el desinterés con que se tratan aquellos que a menudo ocupan los grandes espacios de los medios de comunicación y que involucran a las élites políticas.
Mientras la impunidad y la corrupción en Honduras crecen a pasos agigantados, el escudo que protege a este flagelo es hasta ahora impenetrable, al grado de someter y poner de rodillas a toda la institucionalidad jurídica, el gran dilema se concentra en cómo encontrar la vacuna para erradicar este mal social, cómo obligar a los gobernantes a respetar la Constitución y las leyes.
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