San Salvador, (EFE).- La ampliación del estado de emergencia y de la cuarentena «absoluta» en El Salvador para enfrentar la pandemia del COVID-19 está en vilo tras una confrontación del Ejecutivo con empresarios por el manejo de 2.000 millones de dólares y señalamientos de atropellos a derechos de los ciudadanos.
Los principales partidos de oposición se han mostrado contrarios a ampliar de forma automática la vigencia del estado de emergencia, que vence el 16 de mayo, sin que el Ejecutivo de Nayib Bukele presente los informes sobre el manejo de la pandemia.
Por otra parte, la ampliación de la ley que permite la cuarentena absoluta es rechazada por los partidos con mayoría legislativa porque, a su juicio y pese a que fue aprobada en el Congreso, ha permitido vulneraciones a los derechos.
Para ampliar ambas medidas son necesarios al menos 43 votos de los 84 diputados, de los que el oficialismo tiene asegurados únicamente 10, los de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana, derecha).
El reciente choque entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y los empresarios privados levantó más dudas sobre la posibilidad de ampliar las medidas.
Esta situación, surgida por la renuncia de un comité de vigilancia de los fondos para la pandemia, derivó en el desconocimiento del mandatario del liderazgo de Javier Simán, principal representante de los empresarios y a quien Bukele acusó de intentar sabotear su gestión.
La diputada de la fracción legislativa del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Nidia Díaz, aseguró el miércoles que los 23 diputados de su partido aún analizan dar sus votos para el estado de emergencia.
«Estos días vamos a evaluar, vamos a volver a estudiar el decreto, vamos a ver lo que se ha cumplido y no se ha cumplido», dijo la legisladora.
Cristina Cornejo, también diputada del FMLN, apuntó que les parece «preocupante» que mediante la ley de cuarentena obligatoria «se estén cometiendo grandes abusos».
Esto en referencia a la prohibición del transporte público, excepto el que moviliza a empleados de la salud, la limitación de desplazarse entre municipios y la asignación de días específicos para salir a comprar alimentos y medicina.
Los votos esenciales para ampliar el estado de emergencia y la ley de confinamiento obligatoria son los de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
Dicho partido ha pedido dar marcha atrás a la modalidad «absoluta» y «rígida» de la cuarentena mediante una solicitud de derogación y un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.
El presidente de Arena, Erick Salguero, aseguró que su partido no apoyará la prorroga de la ley que da pie al endurecimiento de la cuarentena.
«Una prorroga del 637 (ley de cuarenta obligatoria) nosotros no la vamos a acompañar porque dio origen a una mala interpretación» con la que «se excedieron» en su aplicación, sostuvo Salguero.
La jefa del Gabinete del Gobierno, Carolina Recinos, dijo en una conferencia de prensa que estos señalamientos son «mensajes negativos» que expresan «poco compromiso» de los legisladores.
«Las agendas particulares en este momento se convierten en una enorme cobardía», añadió Recinos.
Los casos de coronavirus suman 1.037 y los muertos a 20, según las cifras oficiales.
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