Managua, (EFE).- La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense rechazó este viernes la propuesta del Congreso de Costa Rica ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para que el organismo realice una evaluación externa sobre el estado real de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, debido a los “riesgos” que podría representar para Centroamérica.
En una resolución, los diputados sandinistas y sus aliados rechazaron “de forma digna y soberana, las declaraciones arrogantes, injerencistas y descaradas de 52 diputados costarricenses, que piden demandas políticas con posiciones xenófobas y racistas contra el pueblo de Nicaragua”.
Los congresistas costarricenses expusieron ante la OPS su “preocupación” por las consecuencias del “manejo temerario de la crisis por parte del Gobierno de Nicaragua”, que pueden tener sobre sus países vecinos, en este caso Costa Rica y Honduras.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sido criticado por no contar con una estrategia frente a la pandemia, así como por mantener las fronteras abiertas, resistirse a establecer medidas de prevención, y promover actividades de aglomeración, a las que acuden sandinistas, quienes luego son enviados a realizar visitas casa por casa.
Adicionalmente el Gobierno de Ortega solamente reconoce 25 casos de COVID-19, incluyendo cocho muertos, datos que distan de los 830 confirmados, 535 recuperados y ocho fallecidos, que reporta Costa Rica.
Los diputados sandinistas presumieron de dichos datos, al mencionar en su resolución que “en Costa Rica, según sabemos, ha habido mucho más contagios de COVID-19 que en nuestra Nicaragua. Si no fueran sórdidos, sirvientes imperiales, tendrían que verlo, aceptarlo y trabajarlo con humildad”.
Datos del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad entre médicos y científicos de Nicaragua, indican que en este país hay por lo menos 1.003 casos, y 188 muertes relacionadas con la pandemia.
Los parlamentarios costarricenses explicaron que una evaluación de la OPS permitirá a su Gobierno tomar medidas más eficaces para detener la propagación de la pandemia.
La propuesta también fue tomada como un atentado contra la “dignidad” sandinista.
“Nos pronunciamos, por lo tanto, desde nuestra dignidad soberana, rechazando y condenando enfáticamente el atrevimiento y la miseria humana de estos vasallos imperiales”, señalaron los nicaragüenses, en su resolución.
Para la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el COVID-19 en Nicaragua es un asunto de derecho a la salud.
