El desprecio por lo público

MA
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16 de mayo de 2020
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12:53 am
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El desprecio por lo público

Julio Raudales

Como era previsible, el Banco Central (BCH), revisó a la baja las perspectivas económicas del país para 2020. Esto, sin duda, tendrá efectos muy negativos en la vida de la inmensa mayoría de la gente en Honduras, sobre todo la más pobre. Vamos a tratar de descifrarlos.

Por más que lo denuesten y le hagan mala prensa, el Producto Interno Bruto o PIB, sigue siendo la mejor forma de entender, de manera práctica y sencilla, el bienestar de la población en general en un país cualquiera.

Resulta que una subida sostenida en el tiempo de este indicador se traduce en más y mejores empleos, viviendas, comida, salud y educación para la gente. Su aletargamiento provoca desesperanza, como sucede en Honduras desde hace décadas y su caída abrupta hunde en la miseria, ingobernabilidad y hasta violencia a millones de personas.

Nuestro país es un buen ejemplo de lo que la inacción en los motores que pueden generar crecimiento económico provoca en la gente. Desde hace 50 años el crecimiento promedio del PIB en nuestro país ha sido apenas 2.8% anual. Si consideramos que en ese mismo período la población ha aumentado en torno al 2.3% por año, podemos entender el porqué de la inmovilidad social y la pobreza de la mayoría de la gente; el PIB per-cápita en Honduras permanece casi inmóvil desde hace medio siglo.

Aparte de este estancamiento secular, durante el lapso mencionado, los hondureños hemos experimentado ya varias recesiones muy marcadas, provocadas por una serie de hechos deleznables. La guerra de 1969 con El Salvador, los huracanes Fifí (1974) y Mitch (1998), el colapso del subsector eléctrico de 1994 y la crisis derivada del golpe de Estado de 2009, provocaron caídas de hasta 2.1% anual en la producción, con el consabido recrudecimiento de la pobreza y marginalidad en los años subsiguientes.

Sin embargo, nunca nos habíamos visto confrontados a un decrecimiento de casi 4% como el anunciado por el BCH para este año. ¿Qué implicaciones tendrá este anuncio en la ya envilecida situación de la mayoría de familias en el país?

La primera víctima son los empleos formales. Los informes preliminares indican que en 8 semanas se han perdido ya 120 mil empleos, es decir, el 10% del total, si solo consideramos los asalariados. Esto implica una baja sustantiva de familias con acceso al sistema de seguridad social, a crédito en el sistema financiero y a condiciones salariales mínimamente dignas.

Lo segundo y no menos importante: El crecimiento desmedido y hundimiento simultáneo del sector informal. La pérdida de cientos de miles de empleos hace que los trabajadores desplazados busquen una ocupación de “lo que sea”. Si las cosas siguen como hasta ahora, probablemente tengamos más de 3 millones y medio de personas subempleadas, lo cual precarizaría terriblemente las condiciones sociales.

¿Cuántas familias tendrían que sacar a sus hijos de los sistemas privados de educación y salud para utilizar los servicios gubernamentales? Es evidente que el peligro de un colapso de estos sistemas es claro.

De ahí la importancia de que cada agente en la sociedad comprenda adecuadamente cuál es su rol para poder cumplirlo cabalmente. Los empresarios y trabajadores deben concentrarse en producir de forma eficiente; las organizaciones ciudadanas en ser vigilantes; y el gobierno en regular de forma justa y proveer incentivos claros a todos para que la maquinaria social funcione.

El problema histórico de Honduras, es el enorme desprecio que en general se ha tenido por lo público. Por alguna razón los políticos se arrogan la propiedad del Estado y es de ahí que vienen las desgracias. Asumir que el erario puede ser utilizado para cumplir objetivos particulares es fuente de corrupción e ineficiencia y por ende de la miseria.

Si realmente queremos que esta crisis se convierta en una oportunidad, es indispensable que todos -ciudadanía y políticos- entiendan que el gobierno no es patrimonio de ninguna casta, sino únicamente un medio para cumplir objetivos comunes y generales.

El gobierno no crea riqueza, por tanto, no debe intentar ocuparse de eso. Su deber es hacer más fácil la tarea de los encargados de crearla. Solo así seremos un país distinto y estaremos listos para los grandes retos que trae el siglo XXI.

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