Por: José Rolando Sarmiento Rosales
El primer caso conocido surgió de la cárcel de máxima seguridad “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, y ahora autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), determinaron declarar emergencia sanitaria en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Distrito Central, Francisco Morazán. La acción fue tomada luego que se confirmara el primer contagio por COVID-19 en esa prisión, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y, mediante un comunicado oficial, el Consejo Técnico Interdisciplinario anunció las nuevas medidas para evitar la propagación del virus en esa cárcel.
En el escrito, el INP reconoce que debido a la sobrepoblación y hacinamiento en que se encuentra el centro penal, el Consejo Técnico Interdisciplinario tiene a bien recomendar a la Junta Interventora del INP que de manera urgente adopte las medidas necesarias para dotar agua potable a la población de privados de libertad, ya que a falta del líquido puede haber un brote de otras enfermedades. Igual, insta a mantener el aseo en los baños y los servicios sanitarios, así como la higiene personal de los privados de libertad y así evitar una proliferación de infección del coronavirus. Asimismo, pide adoptar todas las medidas de bioseguridad para los reclusos.
Debido al primer caso de COVID-19 confirmado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, autoridades acondicionaron cubículos para una capacidad de hasta 60 internos sospechosos o positivos del virus. Hace unos días un privado de libertad de ese reclusorio murió mientras miraba televisión en compañía de varios internos y aunque las autoridades descartaron que haya fallecido por coronavirus, en los recintos se comentaba que sí había fallecido por esa causa. Pero ahora al confirmarse el primer caso, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) procedieron a aplicar otras 80 pruebas PCR en tiempo real para conocer si existen más casos positivos dentro de la población penitenciaria, tal y como leemos en Diario LA TRIBUNA.
Hace unas semanas leíamos en Euronews, un artículo donde se aseveraba que las cárceles de América Latina constituyen “el caballo de Troya del coronavirus”. La organización Human Rights Watch (HRW) advierte que “la insalubridad” en las cárceles de América Latina y el Caribe “es caldo de cultivo para propagar el virus dentro y fuera de las prisiones”. “Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. La falta de medidas de higiene y prevención podría hacer que cualquier brote pasara al personal, a contratistas; por supuesto a visitantes y abogados; y por último a reclusos que luego sean liberados. Todos ellos en contacto con la población libre de estos países.
Para empezar, desgrana HRW, los gobiernos de los países más aludidos podrían seguir las indicaciones del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT), que les ha instado “reducir el número de personas en las prisiones” liberando “a las personas que no tendrían que estar bajo custodia, así como aquellas que no han sido acusadas formalmente, que fueron detenidas arbitrariamente o las detenidas por actos que no deberían estar tipificados como crímenes”. El STP y HRW también han pedido a los gobiernos que ciertas categorías de detenidos que no amenazan la seguridad pública también sean liberados. “Para cada una de estas categorías, las autoridades deberían determinar si es necesario el uso de tobilleras electrónicas, arresto domiciliario u otras medidas para controlar a las personas liberadas”.
Además la organización recuerda que, para aquellos que deban permanecer en prisión, los servicios nacionales tienen “la responsabilidad de proteger y ofrecer cuidados médicos a los reclusos que no sean liberados”. Es importante para la organización “que diseñen planes integrales de prevención y respuesta frente al COVID-19 en los centros de detención que no consistan exclusivamente en el aislamiento, sino establecer medidas para proteger la salud física y mental de los reclusos”.
Aun así, algunas autoridades de la región han tomado medidas positivas, según la organización, que señala positivamente a Chile, Argentina y Brasil. Estos tres han adoptado medidas para permitir el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de reclusos. En el caso de Honduras, también lo vemos en LA TRIBUNA, el Poder Judicial informó que en el marco de la pandemia de COVID-19, 962 privados de libertad se han visto beneficiados con las medidas de preliberación, libertad condicional, conmuta, cumplimientos y revisión de medidas, en el caso de menores infractores.
